CCOO EN LA DICTADURA

publicado en Crónica Popular

El día 29 de septiembre se presentaba el libro Comisiones Obreras en la Dictadura (Fundación 1º de Mayo), de Juan Moreno, antiguo secretario confederal de relaciones internacionales de CCOO y también exsecretario general de la Unión de Madrid de CCOO. Autor de otros libros como Sindicatos sin fronteras o El reto de la Europa social.

El autor ha contado con la colaboración de históricos militantes y de los investigadores vinculados a la red de archivos y fundaciones de estudio de CCOO, lo que le permite describir en 16 apretados capítulos el recorrido desde las iniciales Comisiones, más o menos espontáneas, hasta la legalización de la Confederación Sindical en abril de 1977. El resultado es una visión de conjunto del movimiento socio-político de las Comisiones Obreras, detallando sus movilizaciones, y los sacrificios que conllevaron a sus militantes y dirigentes.

Mientras que han ido apareciendo, sobre todo en los últimos años, numerosos y valiosos trabajos históricos sobre el desarrollo de CCOO en las distintas Comunidades Autónomas, no se contaba con un estudio centrado en la dimensión estatal, que es el eje central de Comisiones Obreras en la Dictadura; aunque también se relata la expansión territorial de las Comisiones por todo el país, su aparición en Asturias, Vizcaya, Madrid, Sevilla y Barcelona que sorprendió al Sindicato Vertical al conseguir en las elecciones sindicales de 1966 importantes victorias de las candidaturas democráticas. Aunque el Régimen, reaccionó de forma fulgurante desatando una ofensiva represiva contra el emergente movimiento, ya había arraigado en casi todo el país.

A lo largo de las más de 600 páginas, se pone de relieve que Comisiones Obreras, como demuestran los archivos del siniestro Tribunal de Orden Público, fue la organización social más destacada y golpeada, durante gran parte de la dictadura. Durante años, prácticamente en solitario, dirigió las mayores movilizaciones laborales, sociales y políticas. Las huelgas generales de Ferrol y Vigo, las de la construcción en diversas provincias, las de la Seat y otras muchas, y los numerosos procesos como el «1001», fueron decisivos en el combate por la libertad sindical, por la amnistía y por la democracia.

En Comisiones Obreras en la Dictadura se halla implícito un homenaje colectivo a los miles de militantes de las diferentes tendencias y zonas, sin descuidar el papel de los jóvenes y de las mujeres, en capítulos específicos, o la contribución de los abogados laboralistas y de otros profesionales democráticos. También se hace un reconocimiento a los grupos políticos, y de otro tipo, que promovieron, y sostuvieron en los momentos más duros, a las Comisiones Obreras, como las organizaciones obreras católicas y, muy especialmente, el Partido Comunista de España.

El libro termina en los inicios de la transición cuando, muerto el dictador, CCOO lanzó «una galerna de huelgas», como diría Nicolás Sartorius, para derrotar el proyecto continuista. Y cuando el movimiento obrero y las fuerzas democráticas mantuvieron la firmeza ante la violencia de los ultras, logrando que crímenes como la Matanza de Atocha se volvieran contra los inmovilistas y aceleraran la ruptura democrática.

Fragmentos de Comisiones Obreras en la Dictadura

La medio «caída» de La Moraleja. (Resumen)
6ª Reunión General, 25 y 26 de julio de 1970:

La sexta Reunión General, también tuvo lugar en Madrid y se desarrolló durante un fin de semana en el colegio y convento de religiosas La Sagrada Familia en la urbanización privada La Moraleja, en Alcobendas. Fue una reunión muy accidentada, sobre todo en su conclusión, y de la cual se tienen, aparte de los Comunicados emitidos, referencias en algunos libros, y además los testimonios aportados por algunos de los protagonistas. La complicación principal se debió a una intervención policial, que no llegó a impedir la reunión, pero que traería consecuencias para una parte de los asistentes. Sería la primera vez que la policía sorprendía una reunión nacional de CCOO.

Tratándose de una asamblea de mas de 100 asistentes, para la policía no debió ser difícil seguir a alguno de los participantes desde su lugar de origen hasta Madrid. (…) El sábado 25, los organizadores de la Inter de Madrid, previendo esta eventualidad, tenían preparados coches en los que metían a los delegados y daban con ellos grandes rodeos y maniobras de despiste antes de llevarlos a La Moraleja, lo cual parece que funcionó pues evitó que se abortara la reunión.

Antonio Gallifa, aporta algunos recuerdos:

«El convento donde se celebró fue contratado a las monjas por Luis Royo y por mí con bastantes días de antelación. Dimos como explicación que se iba a realizar un cursillo de carácter religioso con miembros procedentes de varias provincias. Recuerdo que pagamos por anticipado 30.000 pesetas por el alquiler durante dos días».

Debieron frotarse las manos al creer que iban a dar un golpe mortal a las Comisiones.

El comisario jefe de la Brigada Político-Social, Saturnino Yague y el no menos tristemente famoso comisario Conrado Delso, debieron frotarse las manos al creer que iban a dar un golpe mortal a las Comisiones (algunos de sus líderes recordemos que estaban ya en la cárcel como Camacho o Ariza) que, desde hacía años, y de forma acentuada aquel de 1970, estaban impulsando un movimiento huelguístico que era la mayor amenaza para el Régimen. Hubo paros en las minas de Asturias y en fábricas de Barcelona, Madrid, Pamplona, Zaragoza, en la construcción de Sevilla, etcétera.

La misma semana de la reunión, en Granada, se estaba llevando a cabo una dramática huelga general en la construcción y a la semana siguiente el metro de Madrid paró por primera vez desde la Guerra Civil y el Gobierno hubo de recurrir a militarizar a los trabajadores para que volvieran al trabajo. Nicolás Sartorius también estuvo en La Moraleja:

«La policía seguramente se había informado de que la reunión era muy amplia, por lo cual esperaba para intervenir a que vinieran más asistentes. Por ello pudimos escapar todos menos un compañero que se había despistado por alguna parte del convento y fue el único detenido, más las detenciones de Paco Acosta y su mujer Luz María».

Fernando Soto, otro de los asistentes, en su libro Por el sendero de la izquierda y Fernando Jáuregui y Pedro Vega en el suyo Crónica del antifranquismo relatan esta anécdota. Soto en tono jocoso dice que Acosta y Luz María Rodríguez, como se acababan de casar unos días antes, se fueron a dar un paseo por Madrid y quedaron en recogerle al final de la reunión pero fue la policía quien los «recogió» a ellos. Paco Acosta, matiza que lo del viaje de novios no fue más que un intento inútil de coartada que se les ocurrió al ser detenidos:

«¿Qué viaje de bodas? ¡Si yo estaba recién despedido y no teníamos un duro! Yo fui a Madrid para participar en la reunión, y mi mujer me acompañó, porque pese a sus 17 años compartía nuestras ideas, e incluso estuvo en la reunión. El segundo día, seguramente por consejo de Fernando, yo no fui a la reunión reducida y aprovechamos Luz María y yo para dar un paseo por Madrid. A la vuelta a La Moraleja, ya nos dimos cuenta de que la policía estaba allí, y a Luz María le dio tiempo de meter un boletín de Comisiones en el bolso. Aunque dijimos que estábamos de viaje y nos habíamos perdido la policía nos había tomado la matrícula del coche desde el día anterior, por lo que nos detuvieron. Luz Maria fue al baño y tiró por el retrete los papeles. Pero una monja los sacó después y se lo dijo a la policía».

Su llegada despertó las sospechas de los dirigentes de Comisiones, Nicolás Sartorius y Antonio Gallifa…

El domingo, la «Social» dio con el lugar, pero su llegada despertó las sospechas de los dirigentes de Comisiones, Nicolás Sartorius y Antonio Gallifa, que también se habían acercado a vigilar la entrada de la urbanización privada y dando la alarma salieron todos (el segundo día habían acordado que la asistencia fuera reducida) en coches por la parte de atrás de la urbanización por un camino de tierra que previsoramente, en busca de salidas, habían explorado el día antes. Sólo un delegado castellano, Antonio López-Larín no se había enterado de que había que desalojar el lugar y se quedó tan perplejo al encontrarse a la policía como ésta al toparse solamente con él.

Además de este compañero y del matrimonio Acosta, hubo otras detenciones como la de los delegados de Puertollano que fueron interceptados en el viaje de regreso:

«[…] En Ciudad Real, donde la Guardia Civil y la Policía Político-Social, metralleta en mano, se abalanzaron sobre el Seat 600 que habíamos alquilado. En el íbamos: José Viñas, Flumencio Prieto Real, Carmen Huete Cortés (mi mujer, que era quien conducía), mi hija de cuatro años y yo».

La redada continuó en Madrid con las detenciones de los hermanos Delgado, Antonio Gallifa, Luis Royo, Juan Durán y Vicente Llamazares entre otros. Nicolás Sartorius logró escapar de su domicilio poco antes de que la policía se presentara a detenerle y consiguió llegar a Francia clandestinamente para asistir a una reunión del Comité Central del PCE a principios de agosto. En Sevilla cayeron Manuel Vázquez Ponce, en Córdoba Manuel Rubia y Pepe Balmón y en Bilbao José María Castañares, llegando en total hasta unos quince.

«[…] La policía política debió desesperarse al comprobar que, por tan poco, se les había escapado una Reunión General de CCOO. Luz María Rodríguez incluso fue puesta en libertad sin cargos, pese al chivatazo de la monja, y en ello parece que tuvo parte de «culpa» la labia de su abogada defensora, Cristina Almeida, que convenció al juez de que esa niña no puede saber nada de política […]».

Aunque el juicio no llegó a celebrarse si se puso en marcha el expediente procesal y la madre superiora del convento María Victoria Gil García que ya había reconocido ante la policía a varios asistentes iba a ser llamada a declarar:

«[…] Para evitarlo fui a hablar con Monseñor Echarren, obispo auxiliar de Madrid y le pedí que hablara con dicha monja para evitar que nos acusase en el juicio. Me dijo que ya lo había hecho pero que la madre superiora no quería incurrir en pecado mortal jurando en falso pero que, finalmente, la convenció explicando que jurar en falso para defender a los trabajadores no era pecado. Era un cura que simpatizaba con las causas de los trabajadores y solucionó el asunto. La monja no fue finalmente a declarar […]».

La reunión de La Moraleja constituyó uno de los mayores fracasos de la Brigada Político-Social…

La reunión de La Moraleja constituyó uno de los mayores fracasos de la Brigada Político-Social pues, en un momento crucial, podían haber descabezado a Comisiones Obreras si hubieran detenido allí a los principales dirigentes como por ejemplo, Cipriano García de Cataluña o Fernando Soto de Sevilla, quienes con Sartorius, Llamazares, Gallifa y algún otro, al escapar de La Moraleja, se trasladaron a la casa del escritor Javier Alfaya donde terminaron de redactar el Comunicado.

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Casi toda la dirección de CCOO fue juzgada en el «Proceso 1001». Fueron detenidos cuando mantenían una reunión en un convento de Pozuelo y se pedía para ellos 162 años de cárcel. En la imagen, fragmento de un cartel de solidaridad con ellos realizado en Bélgica

El «Proceso 1001». (Resumen)

El «Proceso 1001», se produjo a consecuencia de la detención de una reunión de la Coordinadora General, celebrada el día 24 de junio de 1972, en la residencia religiosa de los padres Oblatos de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

La reunión debería celebrarse un par de semanas antes, pero fue suspendida dos o tres veces, por no estar confirmadas todas las asistencias y también por querer asegurar las medidas de seguridad […].

El juicio del «1001»:

El juicio iba a ser muy sonado por estar afectados algunos de los dirigentes de Comisiones mas destacados de diferentes regiones. La Dictadura trataría de dar un escarmiento al conjunto del movimiento de Comisiones Obreras, (aún recientes las huelgas generales de Ferrol y de Vigo) por medio de duras condenas para sus máximos dirigentes.

Los procesados, asesorados por abogados del PCE prepararon el juicio tanto en los aspectos jurídicos, en lo cual se implicó la dirección del PCE como en los aspectos de solidaridad y propaganda, con amplio despliegue informativo en todo el país y también en el extranjero, desde la Delegación Exterior de Paris. Los responsables de la Coordinadora, que siguió funcionando sin los 10 detenidos, trabajaron también para la extensión de la denuncia y de la solidaridad. El PCE implicó no sólo a sus abogados más conocidos sino también a los de los partidos de la oposición moderada.

El PSOE era el único grupo importante de la oposición que quedaba al margen de la defensa jurídica del «1001».

Los abogados defensores tenían una amplia y meritoria trayectoria profesional y estaban identificados con las ideas democráticas [...]. El PSOE era el único grupo importante de la oposición que quedaba al margen de la defensa jurídica del «1001». Felipe González se había ofrecido para defender a Eduardo Saborido. Desde el punto de vista político, la presencia del recién elegido secretario general del PSOE habría dado una dimensión unitaria aún mayor al «1001», que era lo que querían tanto los acusados como el PCE. La verdad es que muchos de los abogados ya habían defendido a los mismos acusados en otras causas, por lo que fueron estos quienes les seleccionaron para este proceso. Este era el caso de Cuellar en relación a Saborido, por lo que éste se negó a cambiar de abogado para que lo defendiera González, cuando se le sugirió el cambio:

«Lo que pasó es que la propuesta llegó muy tarde, cuando ya Cuellar tenía ultimada toda la defensa jurídica y a pocos días del juicio. Estuve reflexionando sobre ello porque hubiera sido bueno que Felipe González me defendiera, pero valorando pros y contras, en lo que también pesó mi afecto por Cuellar y el consejo de mi mujer, decidí que era mejor no cambiar en ese momento de abogado».

En el extranjero fueron numerosas las manifestaciones sindicales y políticas por la libertad de los «10 de Carabanchel». El primer cartel con la fotografía de los procesados fue editado en Bélgica y el texto estaba escrito en flamenco. Jaime Sartorius valora así el apoyo internacional:

«La solidaridad sindical y política internacional fue enorme, remitiendo escritos personales y colectivos de todo tipo de partidos políticos, sindicatos y organizaciones de solidaridad de todo el mundo. Llegamos incluso a tener el compromiso de Marlon Brando de que asistiría al proceso, con la única condición de que le avisáramos como mínimo con un mes de antelación, dado lo apretado de su agenda. Me imagino que la noticia llegó a los servicios de seguridad de la dictadura y fue la noticia causante de que señalaran el juicio con cinco días de antelación, casi en navidades».

Durante la campaña por el «1001», recibieron la visita del líder del Partido Laborista británico, Michael Foot, quien se comprometió a poner en marcha un Tribunal Sindical Internacional, (como habían solicitado los detenidos del «1001») en solidaridad con los sindicatos españoles, pero el PSOE obstaculizó ese proyecto, que también contaba con el apoyo de la CGIL italiana y de la CGT francesa […].

Una larga fila se había formado desde primeras horas de la mañana del día 20 de diciembre de 1973 ante el Palacio de Justicia, en la plaza de las Salesas, para asistir al juicio que iba a comenzar a las 10 de la mañana. Muchas personas esperaban en fila bajo la vigilancia policial, y en primer lugar los familiares de los acusados, pero el juicio no empezaría a la hora prevista y las puertas no se abrirían para el público hasta la tarde debido a un grave suceso.

A las nueve y media de la mañana ETA había atentado contra el presidente del Gobierno. En la calle de Claudio Coello de Madrid, había explotado una bomba colocada por un comando de ETA matando al Almirante Carrero Blanco, y a sus escoltas. Al conocerse la noticia, la policía disolvió la fila del público que esperaba asistir al juicio, y poco después, cuando los asistentes gritaron consignas a favor de los procesados, cargó contra ellos, con la ayuda «espontánea» de los ultraderechistas conocidos como Guerrilleros de Cristo Rey que estaban en los alrededores del Palacio, y que amenazaron directamente a los familiares de los acusados en la misma puerta de Las Salesas haciendo señales de que portaban pistolas.

Contrariaba la estrategia de ETA, pues demostraba que por la vía pacifica era posible luchar y avanzar contra la dictadura…

El hecho de que ETA realizara un atentado de ese calibre el mismo día en que comenzaba el proceso ¿podía ser fruto de la casualidad? Muchos se interrogaron sobre si era posible esa coincidencia. Pero ETA y sus afines afirmaron que se hizo ese día «por razones operativas», y los propios autores del atentado así lo declararon más tarde, asegurando que aunque les preocupaba la coincidencia de fecha, el atentado tenía su propio calendario. Pero es un hecho que el juicio y toda la movilización nacional e internacional que conllevaba contrariaba la estrategia de ETA, pues demostraba que por la vía pacifica era posible luchar y avanzar contra la dictadura sin necesidad de la violencia terrorista que ellos empleaban.

La decisión de atentar contra Carrero no tenía relación con el juicio, pero la fecha del mismo es muy probable que sí fuera fijada con el propósito añadido de desactivar el «1001», y hay algunos indicios en ese sentido. Juan María Bandrés, entonces abogado vinculado a ETA, le diría a Jaime Sartorius que la fecha había sido escogida a propósito:

«Te confirmo lo que me dijo el letrado Juan María Bandrés: Los preparativos del atentado de ETA contra Carrero Blanco estaban ya en marcha cuando señalaron la fecha para la vista del Proceso 1001 y lo hicieron coincidir en la misma fecha al estar la atención internacional pendiente del juicio contra CCOO, para que tuviera mayor repercusión».

[…] También los servicios secretos españoles estuvieron convencidos de que ETA buscó la coincidencia entre atentado y juicio, como muestra esta declaración de José Conde Monge, entonces jefe de coordinación del Servicio Central de Documentación (CESED), creado por el propio Carrero en enero de1972, y precedente del actual CESID:

«Era el día del proceso 1001. El atentado estaba preparado, eso se supo después, estaba preparado desde hacía tiempo, y sin embargo se les ordenó, quien diera esas ordenes, que no lo realizaran hasta ese preciso día».

El atentado contra Carrero perjudicó al «1001» por el riesgo que corrieron los acusados en Las Salesas, y también distrajo la atención de la opinión pública y de la prensa internacional sobre el desarrollo del juicio:

«Como afirmaba uno de los procesados, Nicolás Sartorius, de las dos formas de oposición al franquismo, una pacífica y democrática y otra mucho más violenta “ese día esta segunda forma cercenó, momentáneamente, las posibilidades de la primera».

Lo mismo podría decirse del alto grado de las penas que, al parecer, iban a ser menores de las que finalmente se impusieron. El Fiscal Jefe del TOP, después del juicio mostró a Manolo López, «el escrito que tenía preparado para modificar sus conclusiones provisionales y rebajar sustancialmente las peticiones de las condenas» (Manolo López, 2009). Y le dijo que, tras el atentado, el Fiscal General le ordenó mantener el escrito primitivo.

Un teniente de la Policía Armada, acompañado de efectivos armados con metralletas, se presentó en los calabozos y preguntando por Marcelino Camacho…

[…] Los elementos más «ultras» se movilizaron con la intención de vengar a Carrero Blanco. Una manifestación amenazante se desarrolló en los alrededores del Palacio de Justicia (se oía desde los calabozos) y después se trasladó a la cercana sede de la presidencia del Gobierno en el número 3 del Paseo de la Castellana. Un teniente de la Policía Armada, acompañado de efectivos armados con metralletas, se presentó en los calabozos y preguntando por Marcelino Camacho (resultaba que era de su mismo pueblo, Osma la Rasa, en Soria) les dio seguridades de que cualquiera que intentara agredirles tendría que pasar por encima de él. También Ruiz-Giménez, habló con el presidente en funciones del Gobierno, Torcuato Fernández Miranda, quien le aseguró que pondría todas las medidas para garantizar la vida de los acusados […].

En el ambiente de endurecimiento que siguió al asesinato de Carrero, y al nombramiento de Arias Navarro como sucesor, la sentencia del TOP recogió plenamente las penas solicitadas por el fiscal sin rebaja de ningún tipo.

Marcelino Camacho se ha convertido por derecho propio en un mito de la lucha y el compromiso sindical.

© Germán Gallego