El Gobierno de Rajoy va a cambiar la Ley General de la Comunicación Audiovisual del Gobierno de Zapatero para eliminar sus escasos avances y comercializar definitivamente el escenario audiovisual, estableciendo unas condiciones de impunidad para los negocios que van en dirección contraria a la democratización latinoamericana.
La nueva legislación sobre RTVE va a reducir el servicio público, blindar la impunidad de los negocios y bloquear las iniciativas sociales. ©PP
En América Latina, son muchos los gobiernos (Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay) que están elaborando nuevas legislaciones para recuperar el servicio público, controlar los negocios y abrir nuevas posibilidades para las iniciativas sociales.
Se añade así la democratización de los medios de comunicación a la defensa de la soberanía nacional, las políticas contra la desigualdad y la integración latinoamericana.
En España, el Gobierno del PP va a empeorar la ley del PSOE para reducir el servicio público, blindar la impunidad de los negocios y bloquear las iniciativas sociales.
En el ámbito estatal se reduce el presupuesto de RTVE y se limita su presencia al 30 por ciento de las licencias, dejando el 70por ciento para las empresas comerciales con una abrumadora mayoría para el duopolio de Telecinco y Antena 3, penetrado además por las inversiones extranjeras. Y se bloquean las iniciativas sociales, arrinconadas en la dimensión municipal.
En el ámbito autonómico, tampoco se abre espacio para las iniciativas sociales, se consolida lo comercial y se facilita la privatización de las emisoras regionales de servicio público.
En el ámbito municipal, se limitan las iniciativas sociales en su presupuesto, financiación y alcance, relegándolas a una presencia testimonial mediante un reglamento técnico que es en realidad una mordaza política.
El Gobierno de Rajoy va a eliminar los dos únicos ingredientes positivos de la ley de Zapatero:
- Anula el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) encargado de vigilar el cumplimiento de la ley
- Cambia la protección del servicio público en las comunidades autónomas por una nueva regulación que permite su privatización.
La tele de Rajoy, como todo lo de su Gobierno, va también contra la democracia.
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