LA DEMOCRACIA DEL DECRETAZO LEY. EL JUEVES NEGRO

Crónica Popular.

Estaba meridianamente claro que iba a ser así. Pero, pero por si acaso algún ingenuo abrigaba alguna duda, la sesión plenaria del jueves, 17 de mayo, del Congreso de los Diputados dejó al descubierto las intenciones reales del Gobierno del PP: imponer  a golpe de Real Decreto-Ley las medidas que constituyen el núcleo duro de su política reaccionaria sin admitir una sola modificación en el Parlamento.

Caridad García; diputada de Izquierda Unida. ©IU

En  una jornada que fue calificada  por IU y otros grupos parlamentarios “de día triste y de  luto oficial” y de “jueves negro”, el PP utilizó su mayoría absoluta para convalidar los decretos-leyes que establecen los recortes en Educación y Sanidad por valor de 10.000 millones de euros y el asalto a RTVE y rechazar su tramitación como proyectos de ley, evitando así su posterior debate y la inclusión de enmienda alguna. Para hurtar la discusión  en el Parlamento de los “tijeretazos”, el Gobierno de Rajoy sólo obtuvo el apoyo del único diputado de la UPN, con el que el PP gobierna en Navarra y tuvo enfrente al resto de los parlamentarios; para convertir en ley el control político de RTVE, contó con el apoyo de la coalición de la burguesía catalana, CIU.

Mientras  el Gobierno de Rajoy perpetraba este atropello a los servicios públicos básicos, ante la mirada atónita de representantes de organizaciones sociales y sindicatos que seguían la sesión desde la tribuna del público, los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya exhibieron un cartel en el que se podía leer: “Bankia 10.000 millones, Sanitat cero”.

Esta maniobra del ejecutivo de la derecha de gobernar sin contar, realmente, con el Parlamento, fue denunciada duramente por los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición. Para unos y otros grupos, a la vista está que el Gobierno de la derecha está aprovechando la crisis económica “para imponer su programa de máximos”, tal como comentaba a “Crónica Popular” el diputado del BNG, Francisco Jorquera.

Caridad García: con la subida de las tasas universitarias acaba con el concepto universal de la educación pública

Contra el recorte de 3.000 millones de euros en Educación establecido en un primer Real Decreto-Ley,  eufemísticamente llamado “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, intervino en nombre de IU, la diputada Caridad García que criticó con dureza lo que, para ella, es “una declaración de guerra contra la educación pública” y desmontó el discurso del ministro Wert con las siguientes palabras: “las propuestas de este real decreto son nuevas arbitrariedades que usted se saca de la manga porque ignoran o menosprecian los más elementales estudios científicos que vienen a demostrar que ningún sistema educativo en el mundo puede mejorar ni mantener su calidad despidiendo y presionando al profesorado, masificando las aulas o reduciendo las opciones educativas”.

Caridad García:” Los recortes, “una declaración de guerra contra la educación pública”

Caridad García rechazó las palabras del ministro Wert al calificar de “prejuicio las críticas y manifestaciones que están teniendo lugar en contra de los recortes y le formuló una amplia batería de interrogantes como los siguientes: “¿Usted cree que masificar aulas, incrementar la presión sobre los docentes, no cubrir las bajas del profesorado y reducir la oferta educativa de los centros en la educación no universitaria es prejuzgar? “¿Puede usted decir sin ruborizarse que prejuzgamos cuando decimos que el incremento de alumnos por aula afecta y muy negativamente a su atención individualizada y muy especialmente en el caso de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje?  ¿Qué problemas tiene usted con la población inmigrante, con los alumnos y alumnas inmigrantes? ¿Qué problema tiene usted para que en sus aulas puedan estar perfectamente atendidos estos inmigrantes?  ¿Considera también prejuzgar que entendamos como especialmente grave la no sustitución de profesorado antes de diez días? ¿Es usted consciente de lo que esto supone o simplemente no le importa privar a los alumnos del derecho a recibir clase durante dos semanas? ¿Es prejuzgar afirmar que el incremento general de las tasas de matrículas implica un retroceso y un cambio profundo en el concepto de la universidad pública? ¿Prejuzgamos cuando decimos que se reducen las condiciones laborales y se modifica de forma unilateral el régimen de dedicación del profesorado universitario al aumentar las horas lectivas en un 50% a los profesores que tengan sexenios vivos, es decir, para la mayoría de los mismos? ¿Es prejuzgar que se les reducen las condiciones laborales y se les modifica unilateralmente el régimen de dedicación? ¿Es prejuzgar que a quienes no tengan un sexenio de investigación reconocido se les obliga a abandonar la posibilidad de investigación”.

Caridad García espetó al ministro que “está promoviendo con este real decreto un retroceso sin precedentes. Navegan ustedes entre el Medievo y un regreso al modelo franquista, de educación selectiva y destinada a una élite. Lo que hacen con la subida de las tasas universitarias es acabar con el concepto universal de la educación pública del sistema público educativo. Si a los recortes en la universidad les sumamos los 166 millones de euros del programa de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales -iba a decir del Estado, que sería lo correcto, pero vamos a cambiar la palabra y le voy a decir del mercado, los Presupuestos Generales del ‘mercado’, porque finalmente eso es lo que son-, en un futuro cercano la educación superior habrá perdido su condición de pública y su calidad, eso que usted dice que no va a perder nunca, pero van ustedes dando pasos en esta dirección”.

Llamazares: un decreto desalmado, de exclusión de los más débiles

Frente al recorte en Sanidad, que totaliza 7.000 millones de euros, interpeló a la ministra de Sanidad, Ana Mato, el diputado de IU y médico Gaspar Llamazares, que denunció las medidas contenidas en el Real Decreto 16/2012, que calificó de “torpes, porque alteran los pilares del sistema para lograr unos resultados muy pequeños o contraproducentes en términos sanitarios y económicos” y afirmó que “es un decreto desalmado, un decreto de exclusión de los sectores más débiles de la sociedad española, de sus derechos sanitarios, de su derecho a la salud, a los que deberíamos proteger especialmente en condiciones de crisis”.

Gaspar Llamazares; diputado de Izquierda Unida. ©IU

En esta línea, el diputado de IU señaló que “es una contrarreforma injusta, porque cambia para mal, el sistema sanitario que hemos construido desde la Constitución”, y , tras criticar la decisión del Gobierno de impedir la discusión de las medidas en Comisión parlamentaria, afirmó:”Usted no es Romanones, señora ministra. Usted no puede cambiar la ley con el reglamento. Si la ley excluye a los inmigrantes, los inmigrantes sin papeles quedan excluidos de la sanidad pública. Si usted excluye a los mayores de 26 años que no hayan cotizado, usted excluye a esas personas y no puede modificarlo por reglamento. Si usted no considera discapacitado y, por tanto, con protección, a aquel que tiene una discapacidad menor del 65%, esa persona no tiene protección sanitaria en España. Eso es lo que usted hace en esta ley, y lo hace también con las divorciadas o, mejor dicho -voy a decirlo de forma genérica para que no se moleste nadie-, con los divorciados, que pierden la protección de beneficiario del sistema sanitario.

Gaspar Llamazares: “El Decreto sobre Sanidad, un decreto desalmado, de exclusión de  los más dábiles, que pone en marcha el ‘impuesto a la enfermedad’

“En segundo lugar – subrayó Llamazares – , es un decreto que pone en marcha lo que podemos denominar el ‘impuesto a la enfermedad’, el copago o el repago, aunque usted diga que tenemos copago, o repago, o impuesto a la enfermedad en la farmacia para no tenerlo en la asistencia sanitaria. Usted pone en marcha un sistema de repago y diría algo más: de repago y de adelantamiento de pago por parte de sectores muy débiles de la sociedad”. Por ello puso de relieve que “un 50% de nuestros pensionistas tiene una capacidad económica mínima y usted no solamente les pone en marcha un mecanismo de impuesto sobre sus enfermedades, que suelen ser varias porque hay comorbilidad sino que, además, pretende que le adelanten al Gobierno lo que luego el Gobierno va a deducir por razones de renta. A mí me parece realmente un escarnio, por decirlo de alguna forma, añadir al repago el adelantamiento por parte de estas personas de esos pagos, que producen un efecto muy negativo en sus rentas”.

Por eso apuntó que, “al calor de un decreto y pretendiendo únicamente un recorte para cumplir con los objetivos de déficit, ustedes ponen en marcha un sistema mixto de financiación de nuestro sistema sanitario, un sistema de financiación diferente del sistema universal por impuestos. Si tienes problemas con los impuestos, mejore la carga impositiva, no cree impuestos sobre la enfermedad”.

Y, en la misma línea, añadió que “en relación con los pacientes crónicos, que están sujetos a medicación, los de la receta del punto negro, han ocultado también convenientemente que han actualizado el precio de esas recetas, han doblado el precio de esas recetas y, en caso de que sean varias, porque también hay comorbilidad en esos pacientes crónicos, van a sufrir un quebranto importante”.

Un modelo de aseguramiento frente al modelo universal

Más adelante, agregó que “este no es sólo un decreto de exclusión, un decreto de repago, también es un decreto que establece, en la lógica que ustedes tienen del cambio del sistema sanitario, un modelo de aseguramiento frente al modelo universal. Es decir, no solamente cambian el derecho universal a la salud o el procedimiento para el derecho universal a la salud -y faltaba algún colectivo profesional todavía, unas 200.000 personas que supondrían unos 100 millones de euros-, sino que además ustedes establecen dentro de ese modelo de aseguramiento que nos vuelve a la ‘movida madrileña’, que nos vuelve a 30 años atrás en el sistema sanitario, distintos niveles de prestaciones: aquellas prestaciones básicas que son financiadas por el sistema sanitario, aquellas prestaciones suplementarias y las prestaciones complementarias.

“Pero lo que más nos preocupa – agregó –  son las prestaciones suplementarias, aquellas prestaciones que son muy importantes y que van a estar sujetas a repago sin límites, como son las prestaciones ortoprotésicas o el transporte sanitario no urgente, que significa una losa para sectores crónicos, para sectores que tienen enfermedad en nuestro país. Por tanto, es una verdadera injusticia por su parte o, yo diría, un desconocimiento palmario del sistema sanitario por parte de su Gobierno”.

Ricardo Sixto: el pretendido ahorro no es más que una mala excusa

Por su parte, y en relación con las medidas sobre RTVE, defendidas por el ministro de Industria, José Manuel Soria,  el diputado de IU Ricardo Sixto denunció ante la cámara baja  que “nuevamente el PP va a volver a introducir en nuestras casas el gris ceniciento de la información monocolor y adepta a los principios fundamentales que emanarán de Moncloa. Triste programación nos espera!”.

Ricardo Sixto; diputado de Izquierda Unida. ©IU

En este sentido, criticó que  “el Gobierno, en esa vía de escape hacia ninguna parte que está recorriendo a golpe de RDL, vuelve a suplantar una vez más la capacidad legislativa de esta Cámara convirtiéndola en un órgano para refrendar la legislación que emana del Poder Ejecutivo. Pero esta vez – apuntó – no es la urgente y extraordinaria necesidad de aplacar unos mercados financieros insaciables la que pudiese disculpar ni remotamente reformas urgentes e inaplazables, (y las más de las veces inútiles); esta vez la justificación está tan cogida por los pelos que la inconstitucionalidad de este RDL es evidente”.

Sixto calificó el Real Decreto sobre RTVE de “un doble despropósito, constitucional y político. En primer lugar, implica un abuso claro y meridiano de la capacidad que el artículo 86 de la Constitución Española otorga al Gobierno para que en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” pueda dictar “disposiciones legislativas provisionales”. Porque, como señaló, “no es cierto que el hecho de que la presidencia del Consejo de Administración de la Corporación RTVE se esté ejerciendo de forma rotatoria entre sus miembros impida de facto el funcionamiento de la sociedad y, muchísimo menos, que ello pongaen peligro el cumplimiento de las funciones de servicio público. Como es público y notorio el servicio público no corre ningún peligro, se sigue y se seguirá dando sin ningún problema de continuidad.Por ello los miembros del Grupo Parlamentario de IU-ICV-CHA defendemos la necesidad de plantear un recurso en su contra ante el Tribunal Constitucional”.

Ricardo Sixto: El verdadero objetivo” del Gobierno de Rajoy es “tomar el control directo de la dirección de la radio y televisión públicas”

Pero, además, apuntó el diputado de IU “en segundo lugar, este RDL es un despropósito político porque está dirigido a acabar con la pluralidad y la mínima independencia en la dirección de la Corporación. La reducción del número de miembros del Consejo de Administración, y el cambio en su régimen de dedicación, implica una disminución en la representación de la pluralidad política y sindical, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. El verdadero objetivo del Gobierno con este RDL es tomar el control directo de la dirección de la radio y televisión públicas. El pretendido ahorro no es más que una mala excusa aprovechando el nefasto momento económico que vivimos y que el Gobierno es incapaz de paliar. Lo de menos para el Gobierno en este caso es el ahorro, lo sustancial es evitar que se controle el nuevo modelo de gestión que quiere imponer”.

En opinión de Ricardo Sixto, “la garantía de la mayoría cualificada en la elección de determinados órganos es la forma en que nuestro ordenamiento jurídico trata de forzar la necesidad de acuerdos entre las fuerzas políticas para salvaguardar en lo posible  la independencia y en todo caso la pluralidad en su composición. El PP se niega a asumir su parte de responsabilidad en la búsqueda de consensos y prefiere cambiar la norma para forzar la imposición de una decisión unilateral aprovechando una mayoría absoluta espuria que sólo se apoya en el 44% de los votos emitidos el pasado 20 de noviembre y que sólo por la desproporción que consagra la injusta Ley Electoral se convierte en absoluta en esta Cámara”.

El PP nos lleva nuevamente al pasado, a una oscura caverna

Ricardo Sixto puso de relieve que “lo que en realidad nos trae hoy aquí el Gobierno es el final de un intento de gestión plural e independiente de la radio y la televisión pública, y la imposición de su propio modelo. Un modelo que no es nuevo, es el viejo que ya conocimos durante la anterior etapa de gobierno del PP. Una forma de manipular los medios que alcanzó su paroxismo entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, de una forma tan terrible que acabó moviendo masivamente las conciencias de la ciudadanía adormecida previamente. Con esta reforma el PP nos lleva nuevamente al pasado, a aquella oscura caverna en la que la realidad se deforma hasta el esperpento”.

“Pero este no es un menú de plato único”, añadió Sixto. “El Gobierno nos tiene preparadas otras ‘delicatessen’ en esta dieta de adelgazamiento de lo público, de la pluralidad y de la independencia. La reforma legal en trámite de la Ley 7/2010 que pretende eliminar la prohibición de privatizar los servicios informativos de las televisiones autonómicas vendrá a ser otro elemento más para terminar con la independencia y pluralidad de los servicios informativos de las cadenas públicas.

No en vano, como recordó, “el PP ya sabe mucho de esto. Lleva muchos años desarrollando un modelo de gestión de los medios públicos tremendamente ruinoso y, lo que es peor, manipulador y teledirigido desde sus gobiernos. El PP está acostumbrado cuando gobierna al ‘ordeno y mando’, a disponer de un mando a distancia de hierro para seleccionar y cortar lo que debe o no debe ser emitido por las cadenas públicas. Un modelo de gestión televisiva tan censurador que incluso llega a prohibir la reemisión de TV3 en el País Valenciano, mientras llena los canales de los televisores de nuestras casas de adivinos, telepredicadores y vendedores de mercachifles. Un modelo que lleva muchos años privatizando la gestión de casi todo excepto de aquello que les prohíbe la ley, los informativos, y que ahora también se les va a permitir entregar a productoras ideológicamente afines al PP.

Un modelo de privatización ruinosa de la gestión de las televisiones

Se trata, recalcó el diputado de IU, de “unas privatizaciones ruinosas que han llevado a endeudamientos insostenibles como el ya proverbial de RTVV, Canal 9, que bate récords, que nadie sabe cómo se va a poder pagar, que ha hundido y hecho desaparecer ya buena parte del sector audiovisual valenciano por los impagos. Ese es el modelo de gestión televisiva del PP, el de la privatización ruinosa de la gestión. Y de esa gestión son ustedes los únicos responsables; de eso no le pueden echar ustedes la culpa a ningún otro, ni a los de antes ni a los de fuera. El desastre es solamente responsabilidad del PP.

Concluyo. La aprobación por el Gobierno de este RDL es un despropósito porque no respeta el precepto constitucional de urgente y extraordinaria necesidad y, por lo tanto, entendemos que es inconstitucional. Además es una vuelta al pasado, al peor y más negativo de los pasados de manipulación informativa, de falta de pluralidad y de control independiente.

Amaiur: “Recortar el derecho a la salud es, recortar el propio derecho a la vida de las personas”

En línea crítica hacia los recortes en Sanidad se pronunció el diputado de Amaiur Sabino Cuadra, que denunció que  afectarán a los sectores más débiles de la sociedad, a  “gente de edad, discapacitados, enfermos crónicos e inmigrantes, entre otros, serán quienes más sufran un deterioro en la atención médica”.

Para el diputado de Amaiur, “el Decreto-ley presentado por el PP, junto con la política de extensión del copago y el deterioro de los servicios sanitarios, son parte de una política neoliberal global encaminada a trasvasar gran parte de los usuarios de los servicios públicos de salud al gran negocio de la medicina privada”. Según afirmó el  diputado soberanista  “este Decreto-ley vincula el derecho a la salud con el aseguramiento, abriendo las puertas a un modelo dual en el que las rentas más altas accederán a seguros privados, subvencionados con fondos públicos, y las más bajas tendrán un sistema público cada vez más descapitalizado y deteriorado”. Por ello, señaló que  “el copago, lejos de solucionar ningún problema sanitario o financiero, no hace sino agravarlos”.

Asimismo, y en  cuanto a la intención del Gobierno español de limitar los servicios públicos de salud a los inmigrantes, el diputado de Amaiur ha denunciado “la actitud claramente xenófoba del PP porque va a dejar fuera de la atención sanitaria a un grupo social muy desfavorecido y golpeado por la crisis, el desempleo y la marginación social” y lo ha tachado como “una política de cerco al inmigrante”.

En relación a los medicamentos, Sabino Cuadra destacó la necesidad de contar con “una industria farmacéutica pública, que investigue, produzca y distribuya los medicamentos a través de los principales centros de salud”.Según el diputado de Amaiur, el Decreto-ley “trata de manera muy favorable a la farma-industria” que en su opinión “es una industria que no tiene el menor escrúpulo con hacer negocios con la salud de la población”.

En conclusión, Sabino Cuadra ha señalado que “el gobierno del PP solo es valiente con los desprotegidos, con los enfermos y con los pobres y en cambio, es cobarde con las grandes multinacionales” y, al tiempo que expresó su solidaridad con el resto de ciudadanos del Estado español, reivindicó el derecho que tiene Euskal Herria de ejercer su soberanía en materia política, económica, social y sanitaria.