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| Domingo Diaz de Mera |
Carlos Otto, periodista que fue despedido
fulminantemente del diario “El
Día de Ciudad Real” tras la publicación de un artículo muy aclaratorio
sobre el aeropuerto Central Ciudad Real, recibió por ello varias demandas
de conciliación, acto previo a la presentación de las querellas por injurias y
calumnias, instadas por Domingo Díaz de
Mera Juan Antonio León Triviño y Carmen
García de la Torre, esta última, gerente del citado diario “El Día de Ciudad Real”.
La base jurídica en la que los demandantes pretendían
sustentar su acción se centraba en la expresión “capo culipardo”, utilizada en el artículo de Carlos Otto y referida a Díaz de Mera; además de en varios
términos usados en comentarios de terceros
a la entrada del blog del periodista: Modus Tolens. En algunos comentarios
aparecían expresiones como “mafioso”,
“ladrón”, “corrupto”, “terco”, “cafre”, “cutre”, “mangantes” o “caciques”;
de forma que los querellantes pretendían trasladar la responsabilidad de tales
comentarios al administrador del blog tratando de que se le aplicaran los
criterios preconstitucionales de la Ley de Prensa de Fraga.
Así las cosas, conviene precisar que DIARIO o Día DE CIUDAD REAL SA pertenecía en un 75% a GREEN PUBLICIDAD Y MEDIOS SA, la cual, a su vez, pertenecía en un
100% de su capital a GLOBAL CONSULTING
PARTNERS SL, cuyo Consejo de Administración estaba formado por Domingo Diaz de Mera Lozano (presidente)
Ignacio Barco Fernández, Pablo Usandizaga Usandizaga y Ana Burgos de María. Son de señalar,
también, algunos de los cargos ya cesados de la Sociedad, así, por ejemplo, fue
Vicepresidente hasta diciembre de 2008 Román
Sanahuja Pons, y consejeros Miguel Roca Mas, Antonio Manuel Bustamante
León y Alberto Alonso Lobo.
Además, hay que hacer otra precisión. A pesar de lo
que se especificaba en el citado diario, la empresa propietaria de la cabecera
era EL DIARIO DE CIUDAD REAL
(A13359690), cosa que tiene relevancia a la hora de cotejar los datos en
los correspondientes registros mercantiles, sobre todo, teniendo en cuenta que
no es este el único negocio relativo a medios de comunicación en el que estaban
implicados los hermanos Domingo y
Antonio Díaz de Mera.
Domingo y Antonio también participaban en INICIATIVAS RADIOFÓNICAS DE CASTILLA-LA
MANCHA SA con Alberto González
Tostado, hijo de Aurelio
González Villarejo, en el Consejo de Administración; en GRUPO DE COMUNICACIÓN Y TELEVISIÓN
CASTILLA-LA MANCHA SA; en SOCIEDAD
DE EDICIONES Y COMUNICACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA SA donde también era
consejero Aurelio González Villarejo;
o en ZOCODOVER MULTIMEDIA, en la
que Domingo Díaz de Mera compartía
administración, otra vez, con Aurelio
González Villarejo.
De entre todas ellas, ZOCODOVER MULTIMEDIA, tiene un interés especial ya que estaba
participada en un 25% por GRUPO DE
EMPRESAS HC y, a su vez, HC fue el instrumento societario mediante el
cual Domingo Díaz de Mera, Román Sanahuja, José Selfa de la Gándara y José María Bueno Lidón consumaron los
hechos por los que estuvieron imputados tras las querellas presentadas contra
ellos por la delegación de Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción.
Los hechos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2005.
En ese momento José María Bueno Lidon era,
con plenos poderes, Presidente del Consejo de Administración de EL MONTE, el grupo industrial de lo
que ahora se denomina CAJASOL. José Selfa de la Gándara, por su
parte, era miembro de ese mismo Consejo.
Tras las correspondientes inspecciones, el BANCO DE ESPAÑA advirtió a CAJASOL sobre la necesidad de iniciar
un proceso de ventas de activos ante la concentración “inapropiada” de riesgos
en el sector inmobiliario. Iniciado tal proceso, CAJASOL decidió deshacerse de su participación en GRUPO DE EMPRESAS HC. Dicha entidad pertenecía inicialmente a Domingo Díaz de Mera en un 60% y en el
restante 40% a EL MONTE.
En esta situación comienzan varios movimientos
accionariales durante el año 2004. En julio, Domingo Díaz de Mera vendió el 29,99% a CRESA PATRIMONIAL, empresa instrumental de los Sanahuja, entonces ya con una posición
dominante en METROVACESA. En
noviembre del mismo año, EL MONTE vendió
el 10% de su participación a LESEPA
INVERSIONES SL. Esta entidad, a través de GRUPO DE NEGOCIOS URBAJA SL y de SOLVENTIA CORPORATIVA era propiedad de Ignacio Barco Fernández y de su familia. Hay que advertir que los
hermanos Ignacio y Antonio Barco Fernández aparecen casi
sistemáticamente en todas las sociedades de Domingo Díaz de Mera, entre ellas GLOBAL CONSULTING PARTNERS.
Después de estos movimientos accionariales, la
propiedad de GRUPO DE EMPRESAS HC,
quedó así: EL MONTE mantenía el 30,03% de las acciones y en representación de
este porcentaje, José María Bueno Lidón
y José Selfa de la Gándara,
estaban presentes en su Consejo; CRESA PATRIMONIAL, la sociedad de Román Sanahuja tenía el 29,99%;
CORPORACIÓN INDO MA, la sociedad controlada por Domingo Díaz de Mera, otro 29,99%; finalmente, LESEPA INVERSIONES,
propiedad de los Barco Fernández,
tenía un 10%.
Ahora bien, esta distribución accionarial era engañosa
y ocultaba una unidad de acción y propósito mucho más estrecha de lo que se
podría pensar porque CORPORACIÓN INDO
MA participaba en otra de las empresas de Domingo Díaz de Mera, a saber, GLOBAL CONSULTING PARTNERS, en la que también eran accionistas los
Sanahuja, a través de SACRESA y los Barco Fernández, a través de la ya conocida LESEPA. En definitiva, que todo quedaba
en casa o cerca de ella.
En este contexto, los Sanahuja, con la intención de ampliar su posición de dominio en METROVACESA, se interesaron por las
participaciones de ésta en poder de HC,
lo que parece ser el inicio de toda la operación porque paralelamente, según la
Fiscalía Anticorrupción, en el
seno de HC se tomaron dos decisiones de alcance que, a la luz de los hechos
posteriores, se pueden considerar preparatorias del plan trazado.
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| Aeropuerto Central Ciudad Real, cerrado por orden judicial |
En la Junta Extraordinaria de HC celebrada el 29 de marzo del 2004, con la presencia y voto favorable
de Bueno Lidon y Selfa de la Gándara, se acuerda la
supresión del derecho de adquisición preferente entre socios de las acciones de
la compañía, transformándose éstas en acciones al portador sin ningún tipo de
limitación para su transmisión a terceros. Al mismo tiempo entran en el Consejo
tres miembros del grupo Sanahuja.
Este acuerdo se revela, a la luz de los hechos posteriores, como fundamental
para impedir cualquier reacción defensiva por parte de CAJASOL. Posteriormente, en la Junta de 30 de septiembre de 2005,
también con la participación y voto de Bueno
Lidon y Selfa de la Gándara,
se elimina otro obstáculo o se facilita la futura venta de la sociedad,
acordándose la escisión de ésta con la consiguiente reducción de capital.
A partir de aquí, los hechos se precipitan. La venta
de la participación de EL MONTE en
HC se consumó el 5 de octubre de
2005, es decir, días después del último de los acuerdos de Junta citados, pero
dicha venta se enmascara en un supuesto contrato, no de compraventa,
sino de opción de compra, lo que resulta fundamental para cubrir el
presunto engaño del que iban a ser, también presuntamente, víctimas los otros
órganos de CAJASOL con
competencia para decidir sobre esa venta.
Es decir, pese al nomen iuris, “contrato de
opción de compra”, los términos y las obligaciones contenidos y que se
derivaban de dicho contrato, convertían la venta de las acciones de HC que poseía EL MONTE en un hecho consumado, y anulaban o pretendían anular,
cualquier reacción de los órganos competentes de la Caja. Veamos cómo.
El contrato en cuestión se establece entre OLDNEW INVESTMENT SL, una sociedad
instrumental de los Sanahuja, y José Selfa de la Gándara en
representación de EL MONTE.
Hasta ahí todo bien, salvo que a Selfa
de la Gándara no le estaban permitidos actos dispositivos, es decir,
ventas de valores mobiliarios de EL
MONTE, sin la autorización previa de su Consejo de Administración,
cuando el valor de esos valores superara los 6.000.000 de € y este era,
precisamente, el caso.
Esto, no obstante, no afectaba a la validez del
contrato con los Sanahuja o, si
se quiere, con OLDNEW INVESTMENT,
puesto que estos se cubrían en una aparente “tercería de buena fe” que no podía verse perjudicada porque el
mandatario de EL MONTE, es
decir, Selfa de la Gándara, hubiera
actuado sobrepasando el límite de su mandato. Selfa de la Gándara, de ser descubierto, respondería ante su
mandante del hipotético daño patrimonial causado por excederse en su mandato y
actuar sin la autorización requerida, pero EL MONTE no podría ir contra el “tercero de buena fe”, es decir contra los Sanahuja, anulando el contrato porque,
en principio, estos no tenían por qué conocer las normas internas de EL MONTE ni saber que Selfa estaba yendo más allá de lo que
podía. Dicho de otra manera, porque los Sanahuja
eran o pretendían pasar por “terceros de buena fe”.
Así, el contrato de supuesta “opción de compra”
adquirió apariencia de plena eficacia y es ahora cuando llegamos al meollo del
asunto. Según los términos del contrato, las partes se otorgaban opción de
compra y opción de venta recíprocas y coincidentes, lo cual no es otra cosa que
marear la perdiz porque la supuesta opción de venta recíproca de EL MONTE en realidad no era otra cosa
que la obligación de la entidad de vender siempre que los Sanahuja quisieran comprar. Además,
para su ejercicio, no se estableció prima alguna y el incumplimiento de OLDNEW INVESTMENT carecía de
penalizaciones.
El precio del paquete de acciones de HC (el 30,02% de su capital social) en
poder de EL MONTE se estableció
en 32.000.000 de €. Las acciones que HC
tenía de METROVACESA (el
verdadero objetivo de los Sanahuja)
incluidas en su capital social y que formaban parte del total de los 32
millones citados, se fijó en 41,2 € por
unidad y es aquí cuando la cosa se pone verdaderamente interesante porque, a
fecha del contrato, el valor en bolsa de esas acciones era de 57,6 €, evidentemente, muy superior al
acordado por las partes. Además, para evitar sorpresas, en una de las cláusulas
del contrato se acordó que el precio acordado sería inalterable cualquiera que fuera
la evolución de la cotización en bolsa, de las acciones de METROVACESA. Las partes, además, se
sometían a algo imprescindible en la operación: un “estricto compromiso de
confidencialidad”. Es evidente que sin un riguroso secreto el castillo que se
estaba construyendo se derrumbaría irremediablemente.
Hechos estos preparativos, aún quedaba una parte
esencial de la maniobra por culminar. Hemos visto que, al amparo de la tercería
de buena fe, el contrato adquiría apariencia de plena validez y eso, junto con
los preparativos previos hechos en el seno del consejo de HC, blindaba el contrato contra
posibles reacciones de los órganos de CAJASOL.
Sin embargo, la apariencia de tercero de buena fe no hacía por completo
inatacable el conjunto de la operación. Selfa
de la Gándara tenía que saber, perfectamente, que estaba actuando fuera
de su mandato, es decir, sin autorización y, también, tenía que saber que así
las cosas y a la vista de la dramática minusvaloración de las acciones de METROVACESA en poder de HC, alguien en el seno de CAJASOL o, incluso, de EL MONTE podía empezar a pensar que la
jurisdicción penal quizás tuviera algo que decir. Dicho de otra manera, había
que conseguir que los órganos administrativos competentes de CAJASOL y EL MONTE estuvieran y pasaran, mansamente y sin algarabía, por la
operación planeada.
Para ello, el compromiso de secreto era más que
necesario, pero no bastaba. Para evitar, presuntamente, que los hechos
adquirieran todos los visos de una estafa, en el contrato se añadió una
cláusula que condicionaba la validez del contrato a la “ratificación” del
Consejo de Administración de EL MONTE. Nótese aquí que dicha cláusula utilizaba
el término “ratificación”, es decir, que el Consejo se encontraba,
sorpresivamente, ante un plato de lentejas, que podía tomar o dejar, pero en
modo alguno aderezar. Aun así, este era un peligro que había que sortear. Según
la Fiscalía Anticorrupción, si
bien esa cláusula existía, también era cierto que se habían eludido todos los
trámites de “aprobación previa” imprescindibles según las normas internas de la
Caja y que garantizaban el conocimiento y estudio necesario por parte de los
órganos competentes de la entidad. De hecho, también según la Fiscalía y los
auditores que analizaron la operación posteriormente, las acciones de HC,
incluyendo el paquete de METROVACESA, nunca fueron sometidas “a un estudio,
valoración o tasación previa, por instancias terceras independientes, para
garantizar mínimas condiciones razonables de venta, conforme a precio de
mercado”.
Además, según las normas de inversión de la Caja, una
desinversión de este volumen, debía ser precedida por los informes y aprobación
de la “Comisión de Grupo Empresarial y
Mercados” y de la “Comisión de
Inversiones”. Pues bien, la operación se presentó, por primera vez, a la
Comisión de Grupo Empresarial, el día 17 de octubre del 2005, doce días después
de que Selfa y la sociedad de
los Sanahuja firmaran el
contrato de “opción de compra”. En consecuencia, deduce la Fiscalía, se hurtó
la posibilidad de que los órganos técnicos y de asesoramiento de la Caja,
tuvieran conocimiento y capacidad de estudio de la operación, que cuando se les
presentó, se les presentó ya consumada.
No quedó aquí la cosa, no solamente se presentaron
hechos consumados, sino que Selfa,
cuando lo hizo, lo hizo como “una mera propuesta
de venta susceptible de ser negociada con posterioridad”, lo que era
radicalmente incierto puesto que recordemos que se había estipulado la inmodificabilidad
del precio pactado y la plena validez del contrato a expensas, sólo, del último
de los trámites de aprobación en el Consejo de CAJASOL.
Los miembros de la comisión creyeron en lo que Selfa
de la Gándara les decía, esto es, que se trataba de una mera “propuesta” y, por
eso, encargaron al citado Selfa que estudiara la posibilidad de adquirir las
acciones, para lograr la mayoría en HC y poder actuar luego libremente, bien
ejercitando el derecho de adquisición preferente u otras vías. Estas personas,
por supuesto, ignoraban que el contrato no era una “propuesta”, sino un
contrato “plenamente negociado y rubricado” y que, además, previamente, en el
Consejo de HC, los consejeros
(recordemos: Díaz de Mera; sus
socios habituales los hermanos Barco
Fernández; los Sanahuja,
evidentes beneficiarios de la operación; y los propios Selfa de la Gándara y Bueno
Lidón) habían convertido las acciones de nominativas a al portador y
habían suprimido todos los derechos de suscripción preferente entre socios.
En esa misma reunión de 17 de octubre de 2005, el
avisado Selfa de la Gándara,
también presentó como una mera “propuesta” la posibilidad de una escisión
parcial de HC y la venta de la participación de EL MONTE en esta mercantil por valor de 32.000.000 €, con lo cual,
volvía a faltar a la verdad, porque esa escisión parcial, recordémoslo, ya
había sido aprobada en el seno del Consejo de HC con los votos favorables de Selfa y Bueno.
Días después, el 21 de octubre del 2005, Selfa se
presenta en la reunión del “Comité del Grupo Empresarial El Monte” presionando
a los otros miembros y diciendo que lo que, conforme con el encargo hecho el
anterior día 17, lo que entonces era mera propuesta, se había convertido ya en
una oferta firme y rubricada por las partes, lo cual volvía a ser incierto,
porque el acuerdo firme y rubricado no se había consumado entre los días 17 y
21, sino mucho antes, el día 5, y sin conocimiento alguno por parte del Comité.
Tres días después, el 24, se reunió la “Comisión de
Inversiones”, órgano con competencia para tomar decisiones sobre el caso, pero Selfa retiró del orden del día el
asunto de HC “al no estar
culminados los detalles de la operación”, lo cual, con cierta ironía, era
cierto, porque no eran los detalles los que estaban culminados, sino la propia
operación.
El siguiente paso se dio el 14 de noviembre, cuando se
reúne el Comité de Dirección de EL
MONTE” presidido por Bueno Lidón
y con la asistencia de Selfa de
la Gándara. Este órgano no tenía competencia, al contrario que la
“Comisión de Inversiones” para decidir o informar sobre la operación, pero no
obstante así se hizo, arteramente al parecer, dentro del epígrafe “Asuntos
Varios”. En ese momento Bueno Lidón
advirtió a los presentes de “la necesidad de culminar la operación en
las condiciones anunciadas”.
La cosa, negocio o, para algunos, “enjuague” estaba
terminada. Con la colaboración necesaria de Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco Fernández, en los actos preparatorios decididos en el
Consejo de Administración de HC,
y con la colaboración aún más necesaria de José María Bueno Lidón y José
Selfa de la Gándara en el interior de “EL MONTE”, los Sanahuja consiguieron
hacerse con las acciones de METROVACESA
propiedad de HC a un
precio más que “ventajoso” y, además, cinco meses antes de que estos lanzaran
una OPA hostil por el 20% de METROVACESA,
provocando que se disparara el precio de las acciones.
Mejor dicho, la cosa habría estado terminada si el Banco de España no hubiera detectado
esta y otras operaciones similares en el transcurso de una inspección. En ella,
el daño patrimonial causado a CAJASOL por la infravaloración de las acciones de
METROVACESA se cifró en 19,3
millones de Euros.
Tras la inspección, el Banco de España remitió
requerimiento a la Dirección de la Caja advirtiendo la “irregularidad”
detectada y solicitando que se encargara una “revisión” del procedimiento de
venta, la cual debería ser realizada por firmas de auditoría de reconocido
prestigio y que no hubieran tenido relaciones profesionales con la Caja en los
últimos 5 años.
En atención a este requerimiento la Caja encargó dicha
revisión a PRICE WHATERHOUSE COOPERS, ERNEST & YOUNG y a Javier Vega
Fernández e Ildefonso del Castillo Tono. Con ligeras diferencias, todos los
auditores coinciden en la lesión patrimonial de la Caja y en la irregularidad
de la actuación de Bueno Lidón y
Selfa de la Gándara.
PRICE WHATERHOUSE COOPERS fijó el daño patrimonial
sufrido por la entidad en un intervalo que iba de 13.420.504 € a 19.441.951 €.
Javier Vega Fernández estimó la lesión patrimonial en 17.988.870 €, cantidad
idéntica a la reclamada por la Caja en su demanda inicial.
Es cierto que, inicialmente, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, admitida a
trámite por los Juzgados de Sevilla, se dirigió, únicamente, contra los
directivos de CAJASOL, Bueno Lidón y
Selfa de la Gándara. Sin
embargo, como era de esperar, el 12 de noviembre del 2008 se hacía pública la
noticia de que el Juzgado de Sevilla que llevaba el caso había imputado a Román Sanahuja y a Domingo Díaz de Mera tras la
ampliación de la denuncia presentada contra ellos por la Fiscalía. Ni que decir
tiene que los abogados de los Sanahuja se apresuraron a declarar que la causa
no tenía pies ni cabeza porque afectaba a sujetos particulares y que estaban
“muy tranquilos”.
Una última cosa de interés. Resulta que CAJASOL, antes Caja de Sevilla y San
Fernándo, compró las acciones de METROVACESA,
según cita un artículo de El Mundo, en una adquisición concertada con el
empresario sevillano Luis Portillo
y el Grupo HC. El vendedor de
ese 7% fue el fondo de inversión ADIA, de Abu Dhabi. En definitiva, que otra
vez todos juntos: Luis Portillo,
Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo...
El asunto en la prensa y el miedo llega a la Gürtel
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| Algunos imputados en la trama Gürtel |
El 13 de noviembre de 2008, El Mundo, ABC y Expansión daban
la noticia. Román Sanahuja y Domingo Díaz de Mera, uno de los
principales protagonistas del aeropuerto de Ciudad Real y uno de los mayores
deudores de la intervenida CCM, habían
sido imputados a petición de la Fiscalía
Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El
Monte.
Ese mismo día Manuel Delgado Solís, mucho más que el abogado
de “Don Vito”, es decir, de Francisco
Correa –a juzgar por los datos que se desprenden del sumario Gürtel– y
de hecho imputado en el caso, llamó por teléfono a Pablo Crespo Sabarís, otro de los principales
cabecillas de la trama. Eran las 14:41 de la tarde y esta fue la conversación
según consta en el sumario, es decir, en las Diligencias Previas 275/2008, Tomo
II, páginas 96 y 97
Pablo: Manolo
Manolo: Pablo.
Pablo: ¿Qué tal?
Manolo: Que...,
bien, estoy en Canarias.
Pablo: Si.
Manolo: Que acabo de llegar ahora, y he leído el
periódico.
Pablo: Si.
Manolo: Y he visto que está imputado Diaz de Mera.
Pablo: ¿Que está?
Manolo: Imputado por la Fiscalía Anticorrupción,
por un tema en Andalucía.
Pablo: Ya
Manolo: ¿Lo sabías
o no?
Pablo: No, no lo
sabía, no.
Manolo: ¿Sabes quién es, no?
Pablo: Si, perfectamente, si, si.
Manolo: Vale
¿vale?
Pablo: Ya,
pero..., bueno, bien..., y...
Manolo: No, nada.
Pablo: ¿Lo hilas con alguna cosa o qué?
Manolo: No, no lo hilo con ninguna cosa, porque es un
tema de Huelva, no afecta a nadie de Madrid.
Pablo: Ya.
Manolo: Es un tema
de Huelva.
Pablo: Ya.
Manolo: Lo que te
pasa es que te contaré, siempre del mismo, por donde vienen los tiros, el autor
del mismo.
Pablo: Ya, ya.
Manolo: Porque el
autor del mismo proponía con este un tema.
Pablo: Ya, ya
Manolo: ¿Me
entiendes?
Pablo: Ya, ya...,
Oye, pues nada, yo te iba a llamar, porque...
A partir de aquí la conversación discurre por otros
derroteros. En concreto se centran en cómo parar los artículos publicados por Javier
Chicote en Interviú relativos a las tramas de blanqueo de capitales que se
destaparon con el caso de Liechtenstein y que siguieron con el registro del
despacho de Ramón Blanco Balín durante
el cual fue incautada documentación concerniente a la trama de Correa.
En cualquier caso, lo que parece desprenderse de la
conversación intervenida, sin muchas dudas razonables, es que Domingo Díaz de Mera podría tener
alguna relación con la trama Gürtel y
que esa relación sería lo suficientemente preocupante como para que Manuel Delgado Solís, uno de los
principales soportes intelectuales del tinglado de Correa junto con Pablo
Crespo y José Antonio López “Pepechu”, llame inmediatamente para
dar la alerta cuando descubre que la Fiscalía
Anticorrupción ha puesto sus ojos sobre aquel.
También parece evidente que el propio Pablo Crespo considera el caso de Díaz de Mera lo bastante alarmante
como para extremar el laconismo de la conversación y cambiar de tema a la
primera oportunidad.
Hay que recordar que a esas fechas la trama ya se
sentía acosada. Tras el registro del despacho de Blanco Balín, el temor a las consecuencias que se pudieran
arrastrar a causa de la documentación descubierta, hicieron que tanto Correa como Pablo Crespo, Manuel
Delgado Solís y José Antonio
López “Pepechu”
comenzaran a desplegar una actividad frenética para interponer entre ellos y
las sociedades “gestionadas” por Blanco
Balín, a un testaferro creíble: el primo de Correa, Antoine Sánchez, quien, por otra parte, andaba
relacionado con el tráfico –ilícito, porque en el sumario constan conversaciones
en las que se planea cómo eludir los controles policiales de las aduanas– de
mercancías no determinadas entre Dubai y Dakar, donde finalmente serían
recogidas por un “banquero de París” que las introduciría en Europa en su avión
privado.
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