viernes, 31 de enero de 2014

PRIMARIAS O PROGRAMA ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

Un naturalista afirmaría con rotundidad que primero fue el huevo. Basaría su respuesta en que somos una evolución de los réptiles y estos se reproducen por huevos. Un “salafista”, los hay cada vez más entre los marxistas, con su libre interpretación de lo que don Carlos teorizó para un contexto tan concreto como el del siglo XIX, podría afirmar una cosa y su contraria, según convenga a sus intereses.
Traigo la pregunta a colación ante la irrupción del proyecto “podemos” en la arena política. No han faltado salafistas que han cambiado su discurso en cuestión de minutos para deslumbrase con el brillo laramediático de este proyecto y poner en riesgo el trabajo unitario de meses. Curiosamente, la irrupción de podemos coincide con los mejores datos electorales de IU y el principio del fin del bipartidismo. Yo, que no me atrevo a interpretar a don Carlos, aunque utilice parte de su doctrina para analizar la realidad que me toca vivir, me doy un baño de pragmatismo y como Arturo González en sus puntadas sin hilo concluyo que “IU es nuestra única esperanza”, y mejor sería reforzar esa “esperanza” en lugar de seguir alimentando brillos personalistas que pueden salir a 200.000 votos la “bombilla”.
No hay nada personal en mis dudas, si acaso sorpresa al observar que quienes han sido asesores de IU y de la SYRIZA gallega no hayan aprovechado esas excelentes relaciones y su predicamento para formular conjuntamente un “programa electoral rupturista” y convencer a las fuerzas políticas participantes en el sobre las ventajas de un “frente de izquierdas” y de las primarias abiertas para conformar las listas electorales. Vaya por delante que entre Pablo Iglesias y Willy Meyer yo votaría por el primero. También dejo claro que entre Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Tania Sánchez o Marina Albiol mi voto dejaría a Iglesias en cuarto lugar y en ello no influye su “podemos” sino su discurso ramplón y simplista y su afición a los focos mediáticos, aunque los preste el enemigo de clase.
Pelillos a la mar. Prefiero dejar mis reservas para mejor ocasión (el debate interno) y centrarme en lo útil: intentar resolver el dilema entre primarias o programa. Recurriendo a la historia no encuentro ejemplos en la izquierda que avalen la candidatura sobre el programa. Otra cosa es lo que nos enseñan personajes como Lerroux o Rosa Diez, especialistas en elaborar programas hechos a medida según el gusto mediático-electoral del momento. Claro que su ideología se fundamenta en “los votos primero”.
Entrando en materia. Lo que la izquierda necesita es un “programa” para llevar a cabo la ansiada “revolución social” y ello pasa por implicar a las capas populares en los siguientes “retos-objetivos”: un plan de choque para la creación de empleo; el cambio radical de modelo productivo basado en la planificación democrática de la económica, según recoge la Constitución Española en su Título VII “Economía y Hacienda”; una posición rupturista y clara sobre la deuda soberana que parta del cambio y/o supresión del artículo 135 de la Constitución y anteponga los derechos sociales, sindicales y laborales de la ciudadanía al pago de la deuda (sin olvidar una auditoria que determine la parte ilegal de la deuda soberana); y la regeneración democrática que desemboque en un proceso constituyente sustentado en la participación ciudadana.
Clarificar lo concerniente a la deuda soberana es imprescindible para abordar el resto de objetivos porque lo aprobado entre PP y PSOE hace inviable recuperar lo público, crear empleo y concretizar el cambio de modelo productivo. Lo oportuno es por tanto fijar constitucionalmente la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios; instaurar la figura de la “renta básica” para quienes carezcan de ingresos, y defender las políticas de igualdad como garantía de una sociedad justa y solidaria. También para poner en marcha una profunda reforma fiscal, recuperar la banca pública, garantizar el derecho constitucional a la vivienda y el control ciudadano sobre el gasto y la gestión de lo público.
Estos objetivos solo serán realidad si impulsamos previamente la “revolución política” que haga posible la “regeneración democrática” a través de la máxima participación ciudadana y radicales reformas institucionales. Hay que convencer a la ciudadanía de que la política y la vida pública no son el problema sino la solución y ello pasa por iniciar la “rebelión democrática” que desemboque en un “proceso constituyente” que haga factible una “democracia republicana” con nuevas reglas y nuevas instituciones basadas en la transparencia y la participación. La transparencia y la democracia participativa se concretarían en el valor de los referendos y las Iniciativas Legislativas Populares como símbolo de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en la transparencia como base de la democracia, o en la separación de los poderes ejecutivos y legislativos. Un paso importante en ese objetivo es el “estatuto del cargo público” que permita su revocación sino mantiene la confianza de la ciudadanía, le obligue a rendir cuentas periódicamente, regule su sueldo y establezca duras condenas en caso de corrupción.
También hay que caminar hacia una reforma electoral profunda y la democratización de los medios de comunicación. La revolución democrática que necesitamos precisa de una reforma electoral que apueste por un sistema proporcional en el que el voto de cualquier ciudadano español tenga el mismo valor con independencia de la ubicación geográfica en la que esté adscrito. También precisa del carácter vinculante del programa de los partidos mediante la creación de leyes que aseguren que las propuestas electorales sean vinculantes y en caso de incumplimiento supongan directamente la convocatoria de nuevas elecciones. Otras medidas irían en la línea de ejercer un mayor control sobre las campañas electorales y del patrimonio de los políticos.
No menos importante es concretar nuestro derecho a la democracia informativa y el derecho a la no desinformación, con propuestas para la democratización de los medios de comunicación y el cumplimiento del servicio público que se les presupone. La apuesta esencial pasaría por apoyar la existencia de medios públicos regidos y controlados por un “consejo ciudadano” que garantice su pluralidad e independencia frente al gobierno de turno.
Es aquí, en la elaboración del programa donde es preciso encontrarnos. Estoy convencido que en la izquierda las diferencias son mínimas (en Suma las diferencias solo surgen cuando se habla de candidaturas) y es posible limarlas con la generosidad y altura de miras que la ocasión requiere. Cualidades que no niego a Equo, Compromis, Cha, Anova, Podemos… Por ello confío en que los próximos meses despejen el camino hacia la unidad programática y esta lo haga a su vez con las candidaturas. IU ha dado un paso decisivo en la dirección de las primarias abiertas autorizando a sus federaciones territoriales a aplicarlas en su ámbito. Previamente se habían posicionado por ellas “Izquierda Abierta” y “En común”.

Marcel Félix de San Andrés

martes, 28 de enero de 2014

34 Aniversario del asesinato de Yolanda González

Crónica Popular || Madrid.
03_01_YolandaGlezTenía solo 19 años y toda la vida por delante cuando, el 1 de febrero de 1980, miembros del partido de extrema derecha Fuerza Nueva asesinaron a Yolanda Gonzalez Martín, estudiante y militante socialista-revolucionaria. Ahora, cuando se cumplen treinta y cuatro años del crimen cometido en plena transición democrática, el 3 de febrero de 2014 se va a celebrar un homenaje a la luchadora antifascista, en el Ateneo de Madrid, con la proyección del documental “Yolanda en el país de los estudiantes”, dirigido por Isabel Rodríguez y Lander Castro. Como escribe un militante libertario, comentando el aniversario “ésta es una  oportunidad más para no olvidar nuestro pasado histórico más reciente y una oportunidad para recordar que con legislaciones similares a la que quieren ‘regresarnos’ afloran comportamientos y situaciones” como la que acabó con la vida de Yolanda González. Nada extraño, por otra parte, cuando además estamos asistiendo en distintos países de Europa a un crecimiento preocupante de la derecha más extrema, recalcitrante, fundamentalista y asesina (el caso de Grecia o Alemania contra los inmigrantes).
Yolanda González Martín era la representante del Centro de Formación Profesional de Vallecas (Madrid) en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media. Se había trasladado a la capital de España un año antes para iniciar estudios de electrónica en dicho Instituto. Compaginaba sus tareas formativas, militancia política y estudiantil con eventuales trabajos como empleada del hogar para tener autonomía financiera respecto a su familia, que era de carácter obrera. Era militante del trotskista Partido Socialista de los Trabajadores,1 un pequeño grupo político que no era aún legal, que provenía de una escisión de la Liga Comunista Revolucionaria en el otoño de 1979 denominada “Fracción Bolchevique“. A los 16 años se afilió a las Juventudes Socialistas de España dentro de la corriente izquierda socialista en su Bilbao natal, para evolucionar, posteriormente hacia el trotskismo.
Yolanda González Martín fue secuestrada a última hora de la tarde del día 1 de febrero de 1980 en su domicilio, en la calle Tembleque (Barrio de Aluche) de Madrid, cuando se hallaba sola en el “piso de estudiantes” que compartía con su novio y otra compañera del PST, al que los secuestradores irrumpieron engañando a Yolanda enseñando carnés falsos policías.
Al regresar a medianoche, su novio encontró todo ordenado y las luces encendidas, pero no estaba ni Yolanda ni la otra compañera. Pensó que estarían en alguna reunión tardía. Al despertarse en la mañana del día 2 de febrero notó, extrañado, que el bolso, cartera y DNI de Yolanda estaban en la mesa del salón, preocupado por si hubiera sido detenida hizo varias gestiones telefónicas en instancias policiales y judiciales de Madrid para averiguar su paradero, sin resultado. En la misma mañana al regresar la compañera de piso y de partido, con dos amigos, se encontró en el piso con policías de paisano registrando la vivienda. Fueron llevados a la Dirección General de Seguridad donde fueron interrogados sobre sus actividades políticas y su posible relación con ETA. El novio, por la tarde, al acudir a la sede del partido le informaron sobre el fatal destino de Yolanda. Al parecer,  los secuestradores se presentaron el día 1 por la mañana en la vivienda y al no encontrar a nadie decidieron volver por la tarde-noche.
Yolanda González Martín fue asesinada por los miembros de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, que contaron con la colaboración de varios sujetos más (José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, Juan Carlos Rodas Crespo y David Martínez). Juan Carlos Rodas Crespo (que era agente de la Policía Nacional anteriormente Policía Armada, posteriormente denominado Cuerpo Nacional de Policía, CNP ), participó en la vigilancia del exterior de la vivienda junto a otros cómplices, mientras Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez subían para secuestrarla. Al enterarse de su muerte al día siguiente, por la prensa, Juan Carlos Rodas Crespo sorprendido, y arrepentido por el resultado final de lo que creía era un simple interrogatorio, denunció los hechos ante sus superiores policiales de Getafe, lo que aceleró las investigaciones y la resolución del caso.
Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez tras engañar a Yolanda exhibiendo enseñas policiales falsas, reducirla, y registrar de forma rápida las habitaciones (temerosos de que los otros inquilinos de la vivienda ingresaran de forma sorpresiva), la secuestraron y fue llevada en el automóvil de Emilio Hellín Moro por ambos, siendo maltratada e interrogada por el camino, hasta el lugar de su asesinato, donde una vez bajada del vehículo fue disparada, con una pistola P-38 Walther, calibre 9 milímetros Parabellum por Emilio Hellín Moro dos veces a unos 70-80 centímetros en la cabeza (región temporal derecha, con sendos orificios de salida en la región occipital izquierda), y rematada por Ignacio Abad Velázquez con otro disparo (cara externa del antebrazo derecho, con orificio de entrada y salida que posteriormente produjo contusión erosiva en la mama izquierda) con una pistola Star calibre 9 milímetros Parabellum, estando aún con vida, según relata la sentencia condenatoria. El cadáver de Yolanda fue encontrado por dos trabajadores en torno a las 9 de la mañana del día 2 de febrero de 1980 en un camino cercano al kilómetro 3 de la carretera que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias(Madrid).
En el momento del hallazgo del cadáver, Yolanda vestía debajo de su jersey una camiseta blanca con el escudo de las siete provincias vascas y una medalla con el lauburu, lo que llevó a la policía a determinar que el crimen tenía connotaciones políticas.
Así fue encontrada Yolanda González Martín
Así fue encontrada Yolanda González Martín
Los autores del asesinato lo justificaron diciendo que Yolanda pertenecía a un comando de ETA, en Madrid y como venganza por el asesinato a primera hora de la mañana del día 1 de febrero de 1980 de 6 Guardias Civiles en  Ispáster en un atentado de ETA. Unas acusaciones absurdas e imposibles ya que el PST al que pertenecía Yolanda González Martín no formaba parte de la izquierda abertzale y sus postulados no eran nacionalistas sino internacionalistas y rechazaba explícitamente la violencia de ETA.
El asesinato fue reivindicado por Emilio Hellín mediante un télex enviado a la agencia EFE, firmado por el denominado “Grupo 41″ del Batallón Vasco Español con estas palabras:“El Batallón Vasco Español, grupo operativo-militar, reivindica el arresto, secuestro y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, integrante del comando de ETA, rama estudiantil-IASI-, del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos de ideología trotskista y maoísta, donde se amparan sus actividades.
Por una España grande, libre y única.
¡Arriba España!”.
La Audiencia Nacional procesó (1980), juzgó, sentenció y condenó (1982) por dicho acto criminal a: Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad Velázquez, José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, Juan Carlos Rodas, y David Martínez Loza, a diversas penas según su implicación penal, bajo el Código Penal vigente en su momento, en los hechos enjuiciados:
  • Emilio Hellín Moro (algo más de 43 años de condena), asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI, uso público de nombre supuesto.
  • Ignacio Abad Velázquez (algo más de 28 años de condena), asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.
  • Félix Pérez Ajero (algo más de 6 años de condena), allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.
  • José Ricardo Prieto (algo más de 6 años de condena), allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia de explosivos.
  • David Martínez Loza (algo más de 6 años de condena), inducción de allanamiento de morada, detención ilegal. Era en el momento de la comisión del delito Jefe Nacional de Seguridad de Fuerza Nueva.
  • Juan Carlos Rodas (3 meses de condena), allanamiento de morada, detención ilegal. La levedad de la condena se debe a su colaboración con la justicia.
El Tribunal, sin embargo, no quiso condenarles por asociación ilícita o banda armada, aduciendo que para ello  se necesitaban requisitos tales como mayor número de integrantes, jerarquía orgánica, y otros. Las penas impuestas fueron superiores a las que pedía el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. Las condenas fueron impuestas por la sala 1 de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En 2013 se divulgó que Emilio Hellín habría estado trabajando para los Cuerpos y Fuerzas Generales de la Seguridad y del Estado en técnicas de espionaje y rastreo informático con los diversos gobiernos de la democracia. Según manifestó después el interesado, no se trataba Emilio Hellín, fallecido en 2008, sino Luis Enrique Hellín, su hermano. Sin embargo, en 1996 habría cambiado su nombre como refleja el acta de nacimiento. El Ministerio del Interior confirma la contratación de sus servicios para instruir a los policías en diferentes cursos desde 2006 a 2011. El diario Público (fuente Europa Press) informó de que cuatro agentes de la sección de Nuevas Tecnologías de la Policía Científica de la Ertzaintza asistieron a un curso impartido por dicha empresa en Madrid en el año 2008. Para Asier González, hermano de Yolanda, Emilio Hellín daba cursos a policías por la pervivencia del franquismo en las instituciones españolas. En junio de 2013, pasados tres meses después de conocerse la noticia la respuesta del Ministerio del Interior seguía siendo el silencio.

lunes, 27 de enero de 2014

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (o cómo crear una “mayoría silenciada”)


La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan –contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia– son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan.
El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.
Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes.
a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.
Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza.Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.
Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabruptopour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.
b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial
Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.
La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25  de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja  de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.
La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla. 
c) Crear una mayoría silenciada (III): asfixiar económicamente a los que protestan.
A juzgar por los anuncios realizados por Fernández Díaz, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana será un complemento perfecto del resto de medidas represivas adoptadas en estos últimos años. De aprobarse, permitiría aumentar sensiblemente el número de infracciones administrativas previstas en la ley actual: de 39 a 55. El repertorio de conductas sancionables se ampliaría de manera notable: escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), quema de contenedores, protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones por estas conductas también se incrementarían, pudiendo llegar en algunos casos a multas de entre 30.001 y 600.000 euros.
Como salta a la vista, ninguna de las infracciones contempladas obedece a la imaginación del Ministerio del Interior. Todas están vinculadas a acciones de protesta que se han producido recientemente. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.
Hace tiempo, en realidad, que la utilización de las multas y de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar central en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social [2]. Tras la aparición del 15-M, de hecho, se hizo frecuente que las autoridades echaran mano de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 para multar a quienes protestaban contra las políticas gubernamentales. Este régimen sancionatorio ya resultaba cuestionable en el momento de su aprobación. Pero ha devenido aún más arbitrario en los últimos años. Infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos, han acarreado multas de hasta 300 euros. En cambio, infracciones consideradas graves como celebrar reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones que no se hayan comunicado a la autoridad gubernativa, han supuesto multas de entre 300 y 30.000 euros. Y si se trata, por fin, de infracciones muy graves, en las que se ha alterado el funcionamiento de servicios públicos o los transportes, pueden llegar a 600.000 euros.
Manifestantes aislados o activistas pertenecientes a movimientos como el 15-M, el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la PAH han sido sancionados con multas cuantiosas que pueden tener un efecto desmovilizador mayor incluso que las simples detenciones. Además de engrosar las arcas de las Delegaciones de Gobierno, estas multas han obligado a los movimientos a desviar sus escasos recursos a tareas que no siempre tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones.
La propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana viene así a complementar la estrategia represiva diseñada con la reforma del Código Penal. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces que entendieron en estas causas emitieron duros autos duros autos contra la actuación policial y primaron la libertad de expresión de los ciudadanos. Las sanciones administrativas, en cambio, alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Para obtener una revisión en sede jurisdiccional, de hecho, habrá que recurrir a la vía contencioso-administrativa y pagar unas tasas judiciales que, tras la reforma Gallardón, se han tornado especialmente abusivas.
d) El silencio del miedo y sus límites
Como bien han sostenido los abogados del Colectivo de Juristas andaluz 17 de marzo, la  propuesta de reforma de Fernández Díaz es una suerte de reedición de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada durante el franquismo. Además de reforzar la impunidad policial, su objetivo es claro: complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último.
Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría silenciada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con sanciones económicas elevadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.
Gerardo Pisarello · Jaume Asens · · · ·
Notas [1] La idea de que la resistencia pacífica y pasiva fuera considerada un delito también había sido defendida en otros ámbitos. Un comisario antidisturbios de la policía catalana, de hecho, llegó a declarar sin disimulo en un programa de Salvados, en la cadena Sexta, que “la resistencia pacífica es violencia” y que si “Ghandi hubiera estado en [la ocupación] de plaza Catalunya” durante el años 2011 debería haber sido detenido [2] Sobre esta noción, vid. Pedro Oliver Olmo (coord.) Burorrepresión. Sanción administrativa y control social, Bomarzo, Albacete, 2013.
Gerardo Pisarello es miembro del Consejo de Redacción de Sin PermisoJaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos son miembros del Observatorio DESC.

sábado, 25 de enero de 2014

Esbozo para una propuesta ofensiva sobre el tema nacional

DEBATE SOBRE EL PROCESO SOBERANISTA DE CATALUNYA

Tres malentendidos
La izquierda del Estado contempla los acontecimientos en Cataluña con una excesiva pasividad. Hay tres actitudes distintas dentro de esa pasividad general. Ninguna de las tres es el resultado de un análisis sistemático. Más bien reflejan una actitud espontánea, intuitiva o emocional frente a los acontecimientos. Por mucho que a veces estas actitudes se apoyen en argumentos pretendidamente objetivos (por ejemplo históricos o económicos), lo cierto es que detrás de ellas no se esconden análisis racionales sino identidades distintas o excluyentes.
Atributtion: PhotographYeah!
Atributtion: PhotographYeah!
1)    El primer grupo es el de aquellos que ven son simpatía la posibilidad de que Cataluña -y por extensión también Euskadi- se hagan independientes. Su argumento es que la disolución de lo que hoy representa el “Estado español” tiene un contenido progresista de fondo puesto que dicho Estado es, esencialmente, reaccionario e impide la emancipación de los “pueblos” contenidos en su territorio. Esta emancipación podría ser posible con la creación de nuevos estados que se solapen con dichos pueblos. Esta actitud lleva actitudes muy activas en el desmontaje de las identidades “españolas” tal y como han existido hasta ahora pero también lleva a una identificación  con las izquierdas nacionalistas.
El derecho a decidir no debería prejuzgar el contenido de las opciones entre las que se debe tener derecho a decidir
2)    El segundo grupo considera que una posible independencia de Cataluña y Euskadi no alterará en lo esencial el escenario político en el resto del Estado o, al menos, no lo hará negativamente. Pueden considerar que dicha independencia una pérdida más o menos grande pero consideran -también aquí más intuitiva- y emocional que reflexivamente- que lo que quedará después se parecerá mucho a lo que ya son hoy los territorios no “periféricos” del Estado: homogéneos lingüísticamente, con una identidad común, con sus viejos problemas históricos y desigualdades y con correlaciones sociales parecidas a las que se dan en la actualidad.  Esta actitud adopta una posición de tolerancia explícita frente al derecho a decidir de catalanes, vascos y gallegos pero se abstiene de intervenir en la definición de las opciones entre las que habría que poder decidir pues lo considera un asunto exclusivo de las nacionalidades periféricas. Este grupo adopta una posición fuertemente defensiva en temas identitarios repoduciendo los argumentos de Manuel Azaña: vascos, gallegos,  catalanes etc. tienen derecho a una identidad diferenciada pero no los “castellanos” que se tienen que conformar con un discurso exclusivamente racional que deje fuera los sentimientos. Esto les coloca en una defensiva permanente cuando se trata de hablar de identidades compartidas, una posición que resuelven negando el elemento  identitario-emocional de cualquier proyecto político: para la izquierda lo único que cuenta  es el análisis racional y/o de clase aunque, como Azaña, consideran que hay que tolerar las identidades diferenciadas. No tienen ni aspiran a tener respuestas frente a los argumentos presuntamente “objetivos” esgrimidos por el primer grupo para legitimar su identidad diferenciada: simplemente no saben jugar el juego identitario porque no lo consideran importante, porque no han pensado seriamente en su naturaleza o porque se encuentran sin recursos para darle respuesta.
3)     El tercer grupo, probablemente el más numeroso, no sabe cómo posicionarse entre estos dos polos.  Bien porque no comulga con ninguna de dos actitudes, bien porque intuye que la política tiene que incluir de alguna forma la pieza identitaria aún cuando el análisis racional y de clase tenga que ser, de alguna forma, el primordial desde una posición de izquierdas. Desde luego intuyen que las cosas no van a ser las mismas para la izquierda con una Cataluña o un Euskadi independiente, pero se ven impotentes para abordar esta cuestión de forma sistemática: esperan, más o menos preocupados, a ver qué pasa.
II. Mis argumentos
  1. Ninguna de las tres actitudes, particularmente las dos primeras, refuerzan un proyecto político basado en una solidaridad sostenible entre clases y territorios, en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus poblaciones, en la sostenibilidad ambiental, en la diversidad cultural y en un proyecto de país basado en la paz y la neutralidad activa en la esfera internacional.
  2. El elemento identitario es fundamental para cualquier proyecto político que quiera salir de los salones de los círculos intelectuales. No se trata de ignorarlo ni de combatirlo como una pieza disfuncional sino de canalizarlo racionalmente e insertarlo en un análisis universalista de clase,  de evitar que actúe de forma ciega, aleatoria y espontánea.
  3. La izquierda estatal viene adoptando desde hace décadas un discurso abstracto en relación al derecho de autodeterminación. Haciéndolo así, ha alimentado la ambigüedad con la que muchos independentistas han venido manejando este término de forma táctica
  4. Todas las personas democráticas, y no sólo los catalanes, vascos, catalanes o los andaluces o canarios, tienen derecho a una identidad acorde con sus valores éticos de justicia social, solidaridad y cultura democrática. Negarle ese derecho a los “castellanos” como hizo Azaña -por ejemplo por miedo a ser absorvidos por la identidad españolista- es discriminatorio.  El uso del término “Estado español” para evitar ser tachado de españolista refleja esa discriminación al reducir el resto de los territorios a una simple  construcción institucional de naturaleza burocrático-racional tenida por intrínsecamente incompatible con un sentimiento identitario de raíz democrática. Esto impide abordar la construcción de un espacio compartido y potencialmente unido a una identidad nueva, plural y solidaria en el que los “castellanos” progresistas encuentres un acomodo identitario común al de los catalanes, vascos etc. Esta situación es políticamente indeseable para la izquierda pues favorece el trasvase de actitudes hacia la derecha en amplias zonas del Estado pues  la derecha sí tiene una propuesta identitaria.
  5. El derecho a decidir no debería prejuzgar el contenido de las opciones entre las que se debe tener derecho a decidir. De las misma forma que para una persona de izquierdas ser demócrata es condición necesaria pero no suficiene -hay que optar y además intentar que otros opten por opciones solidarias, justas, sostenibles etc haciendo uso de sus derechos democráticos-  tampoco es suficiente apoyar el derecho a decidir sin intervenir activamente en la elaboración de una propuesta que debe ser conocida por todos los que aspirar a hacer uso de este derecho en igualdad de condiciones como todas las demás. La izquierda estatal viene adoptando desde hace décadas un discurso abstracto en relación al derecho de autodeterminación. Haciéndolo así, ha alimentado la abiguedad con la que muchos independentistas han venido manejando este término de forma táctica.El resultado ha sido el desarrollo de un discurso poco transparente, fuertemente influido por el abstencionimo del grupo (2) en temas identitarios, y que ha acabado beneficiando al nacionalismo y las posiciones del  grupo (1). Si efectivamente resulta  absurdo plantear el derecho en abstracto a la autodeterminación en Murcia o en Madrid esto quiere decir que, de lo que realmente se está hablando cuando se utiliza ese término, es del derecho a crear un Estado independiente. Eston último no es lo mismo al derecho a la autodeterminación sino una propuesta concreta y particular por la que elegir haciendo uso de dicho derecho. Es algo similar a identificar el derecho a votar en unas elecciones, con la necesidad de votar a un partido determinado. Esta ambiguedad no favorece a la izquierda sino a las opciones nacionalistas de uno y de otro signo.
  6. No es éste el sitio para analizar el punto de vista de las izquierdas nacionalistas y sus intereses estratégicos. Lo que está fuera de dudas es que dicha independencia contradice los intereses estratégicos de las  izquierdas estatales de la mayor parte de los países de Europa incluída España.
  • Primero porque en el contexto de la Europa de principios del siglo XXI, y que no tiene mucho que ver con los procesos de descolonización del siglo XX o con la situación creada en Rusia en 1917, el camino hacia un escenario de independencia lleva implícito un secuestro continuado de la agenda antineoliberal por la agenda nacional. Las experciencias recientes en el Este de Europa demuestra que cuando la aceleran las dinámicas identitarias, se diluyen de forma igualmente rápida las dinámicas sociales, incluso en la conciencia de muchas personas de izquierdas. En el actual contexto europeo es impensable un proceso de  construcción nacional exitoso no liderado por los profesionales urbanos y las clases propietarias, aún cuando estas últimas no sean necesariamente los grandes socios capitalistas. Este secuestro salpicará con toda seguridad al resto del Estado y al panorma político de toda la izquierda europea colocandod en una posición de persistente defensiva.
Lo que está fuera de dudas es que laindependencia de Cataluña contradice los intereses estratégicos de las izquierdas estatales de la mayor parte de los países de Europa incluída España
  • Una indepedencia en Cataluña sólo es imaginable en un escenario rupturista con el Estado, apostar por otro escenario es no estar en la realidad. Si el escenario británico sugiere una secesión pactada es porque sabe que el sí a la independencia no es mayoritario.  Esta situaación quiere decir que, en caso de que lo consiguiera, Cataluña va a hacer todo lo posible por recibir un reconocimiento por parte de las potencias occidentales dominantes y sus socios estratégicos como Israel: los contactos del nacionalismo catalán con este país son reveladores. La difícil búsqueda de este reconocimiento obligará al nuevo Estado a alinearse enteramente con los intereses de los países poderosos de la órbita occidental de forma similar a como ha sucedido en algunos países del Este de Europa. Es altamente improbable que la OTAN deje caer a su socio estratégico español a cambio de abrazar la causa de una Cataluña independiente. Incluso el país de la Unión Europea que desde finales del siglo XIX es más proclive a apostar por la fragmentación de grandes países y su satelitización -Alemania- podría ser reticente después de los efectos que ha tenido esta política tras su intervencionismo en Yugoslavia. Sin embargo, las cosas cambiarían radicalmente si en el esto del Estado triunfa un gobierno de izquierdas que amenace los pilares del  neoliberalismo (prevalencia de la propiedad financiera e inmobiliaria frente al trabajo, aplicación de políticas de ajuste etc.). En este caso una Cataluña independiente funcionará como una quinta columna incrustada en la península ibérica poniendo en peligro un proyecto republicano-antineoliberal como aquel por el que hoy lucha la izquierda.  Esta quinta columna torpedearía cualquier intento similar que pueda triunfar en países próximos como Portugal, Grecia o Italia impidiendo toda posibilidad, por ejemplo, de contruir un frente antineoliberal en el sur de Europa para poder enfrentarse a los poderes fácticos en Bruselas. La salida de España del euro provocaría un reforzamiento inmediato de las posiciones independentistas de Cataluña o Euskadi.
  • Una dinámica independentista en la península ibérica secuestraría o debilitaría a largo plazo la agenda antineoliberal en países  occidentales con minorías independentistas como Bélgica, Italia, Francia y también Gran Bretaña, pero también en otros con graves conflictos identitarios como Ucrania. El antiestatismo del grupo (1)  (ver arriba) puede ver aquí un debilitamiento de los Estados represores, pero sucederá todo lo contrario: se producirá un reforzamiento de las fuerzas anti-solidarias que arrastrarán a partes importantes de la ciudadanía de orientación progresista. El avance de la ultraderecha, que ya hoy es una realidad en Europea, sadrá  severamente reforzado y contaminará a enemigos potenciales  del neoliberalismo.
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    Cuarto. El programa social del independentismo catalán no se basa tanto en la resdistribución interna de la riqueza entre clases sociales catalanas como en cortar las aportaciones de Cataluña que, a través de Madrid, sirven para desarrollar las zonas más pobres del Estado.    Las dinámicas identitarias pueden ser muy poderosas pero no cambian en nada un hecho esencial de naturaleza objetiva: a diferencia de Escocia, Galicia, Andalucía, Canarias o Quebec, el país vasofrancés, del Rosellón, de los territorios asiáticos de la antigua URSS, de Palestina y Cuba con respecto a los Estados Unidos o incluso con respecto a la España del siglo XIX, pero al igual de lo que sucede en Flandes, en el norte de Italia, en Sudán del sur o en la provincia boliviana de Santa Cruz, la renta per cápita en Cataluña y del País Vasco español están -bastante- por encima de la media del Estado: se trata de  regiones ricas, que accedieron históricametne pronto a la modernidad capitalista pero que no quieren cargar con los pobres de sus estados, no se trata de regiones pobres discriminadas económicamente. En el núcleo de los programas de todas las izquierdas del mundo también está la redistribución de riqueza y de espacios solidarios entre diferentes territorios- Por muy activas que puedan ser algunas ONGs catalanas o vascas, sería irracional excluir a los territorios catalán y vasco de esta lógica redistributiva. El concierto vasco y navarro excluyen en parte a estos territorios de ella.  Esto no ha debilitado el nacionalismo en estos territorios. Todo lo contrario: la lógica neoliberal tiende a bloquear la solidaridad de los territorios ricos con respecto a los pobres alimentando el exclusivismo territorial, una tendencia que también se observa en otros territorios ricos como el de la Comunida de Madrid. Su versión “progresista”, que cancela la solidaridad con los pobres no catalanes asegurando una mayor solidaridad entre catalanes, no tiene bases consistentes. Primero porque, instalados en una dinámica nacional, los nuevos territorios independientes cancelarán las políticas solidarias una vez que no necesiten los apoyos de sus clases populares: son los “más ricos” (“Cataluña, la Finlandia del Mediterráneo” etc.) y se comportarán como tales, es decir, se instalarán en una lógica territorial competitiva igual que el resto de los “más ricos” occidentales. Segundo porque es altamente improbable que, con su estructura de clases, una Cataluña recién independizada y que lucha por subsistir permita elevar los salarios y favorecer realmente a las rentas más bajas mientas intenta subsistir en el actual mundo ultracompetitivo por mucho que este tipo de concesiones a las clases populares se den hoy con el fin de acumular apoyos al nuevo proyecto nacional.  El resto de los territorios del Estado, instalados en una lógica competitiva igual de radical, harán todo lo posible por responder al dumping fiscal y salarial de los catalanes: la carrera hacia abajo con el fin de atraer inversiones adquirirá unas dimensiones muy importantes, incluído el progresivo corrimiento político de las clases populares hacia el nacionalismo de derechas. Lo que se observa hoy en algunos países del Este se parece mucho más a lo que pueda suceder a algunos ejemplos sacados de contexto histórico.
  • Tercero los gastos de la creación de una nueva infraestructura estatal anularán una buena parte del efecto de la  eliminación de las transferencias solidarias a otros territorios del Estado reduciendo el margen material para la distribución secundaria. Los gastos financieros destinados a financiar esta construcción a través del endeudamiento en los mercados financieros, con primas de riesgo importantes y elevados tipos de interés, tendrán un efecto similar.
III ¿Qué hacer?
A.) En el actual contexto internacional, los Estados son los únicos actores con capacidad de enfrentarse al poder de los grandes actores globales. La Unión Europea es, hoy por hoy, un espacio destinado a debilitar a los Estados frente a dichos actores. Hay que democratizar los Estados para que se conviertan en instrumentos al servicio del interés general, no debilitarlos aún más fraccionándolos en unidades territoriales más pequeñas.
B.) Seguir ignorando el componente identitario de la acción política es colocarse en una posición de defensiva y pasividad frente a las fuerzas nacionalistas: frente al nacionalismo españolista y frente al nacionalismo periférico en sus diferentes variantes. La izquierda del estado tiene que abordar de forma  ofensiva y sistemática la construcción de una identidad  nueva y compartida. Esta identidad sólo puede ser plural, republicana y solidaria: no hay espacio político para crear una identidad confederal que no acabe reforzando al nacionalismo. La construcción de una identidad compartida tiene que  transcurrir por el canal de la razón, de la ilustración y de las tradiciones empancipatorias de la humanidad. Si estas no se implantan en la sociedad y en las escuelas, será imposible construir un espacio territorial compartido de solidaridad y complicidad entre todas las nacionalidades. Esto no es sinónimo de uniformización pero tampoco es sinónimo de contrucción de un proyecto confederal.
C.) En el núcleo de la construcción identitaria están a.) las lenguas, y b.) la construcción de relatos históricos coherentes con las tradiciones emancipatorias y humanistas.
a.) Hay que crear un único espacio plurilingue en todo el Estado a lo largo de varias generaciones. Los niños tienen que nacer, crecer y desarrollarse como individuos en y gracias a esta diversidad lingüística. El uso de las cuatro grandes lenguas tiene que ir normalizándose poco a poco siguiendo los exitosos ejemplos de Euskadi y Cataluña. Los primero impulsores de esta nueva identidad lingüística plural tienen que venir de las nacionalidades donde ya hoy existe  aunque en alianza con las clases más concienciadas del centro que, hoy por hoy, son las únicas con capacidad de extender este proyecto al conjunto del Estado.
Una dinámica independentista en la península ibérica secuestraría o debilitaría a largo plazo la agenda antineoliberal en países occidentales con minorías independentistas como Bélgica, Italia, Francia y también Gran Bretaña, pero también en otros con graves conflictos identitarios como Ucrania
b.) Hay que escribir entre todos una historia basada en la identificación de las tradiciones humanistas, heterodoxas, solidarias y universalistas. Las luchas de la transición, la segunda experiencia republicana, la cultura del trabajo, el regeneracionismo cultural del siglo XIX y su descubrimiento de los dialécticos, de las tradiciones populares y de la naturaleza, el liberalismo progresista del siglo XIX, las pluralidad religiosa y el comunitarismo democrático medievales, son algunas de ellas. No es posible crear nada en este sentido poniendo al mismo nivel a los defensores y los destructores de la democracia, a los que han defendido la heterodoxia religiosa y los que la han destruido, a los que viven del trabajo y los que viven de la propiedad.  Esta equiparación es la que ha bloqueado la construcción  de una identidad democrática compartida a partir de 1978,  el contenido republicano de dicha identidad es una garantía inprescindible para que salga adelante.
D.) Hay que hacer coincidir el discurso territorial internacional y europeo en particular, con el discurso territorial “estatal”. No es posible pedir una Europa más solidaria y, al mismo tiempo, trabajar para destruir las bases de la solidaridad entre los territorios del Estado por mucho que pueda y deba mejorar el funcionamiento del Estado y por mucho que quede por hacer para  crear órganos democráticos de representación de los territorios. El internacionalismo no es compatible con el argumento del exclusivismo territorial por mucha solidaridad que se muestre por las causas palestina, bolivariana o cubana.

Armando Fernández Steinko. Profesor de Sociología de la UCM

viernes, 24 de enero de 2014

Reflexiones sobre la prohibición voluntaria del aborto

Sagrario Losada || Antropóloga. Marisol Iturralde || Psicóloga Clínica.
El aborto inseguro es considerado un grave problema de salud pública y tiene una incidencia significativa a  nivel mundial, en la muerte de mujeres en edad reproductiva (OMS 2.003).
08_01A lo largo de la historia del cristianismo muchos padres de la iglesia han discutido sobre el tema de cuando se unía el alma al cuerpo y, por lo tanto, se convertía el neonato en persona. Según ellos solía suceder en el momento del nacimiento e incluso más tarde si el bebé era niña. Sin embargo, actualmente, se insiste que justamente en el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide ya es un ser humano y abortar equivale a matar. Es decir, se está tomando al feto como persona de derecho a partir de su concepción.
Cuando nos planteamos el aborto no tenemos en cuenta el papel que juega el deseo de la mujer en la vida del bebé. El bebé  humano, al contrario del resto de los mamíferos, nace profundamente desvalido y su humanización depende del amor y del cuidado materno.
El Dr Rene Spitz[1] estudió la situación de bebés atendidos en un orfanato en el que se cuidaban debidamente en lo que se refiere a toda actividad física (alimentos, higiene, atención médica, medicamentos, etc), con una sola niñera que tenía a su cargo 8 niños (oficialmente), pero que, en realidad, correspondían a más de 12. Según este estudio, en estos niños aparecían pronto síntomas de depresión y enseguida se hacía evidente el retraso motor. Los niños terminaban siendo pasivos, postrados bocarriba en sus cunitas. Luego, iban apareciendo muchos más síntomas de retraso. Es decir, estos niños estaban faltos de una madre que les ayudara a convertirse en personas.
Optar por el aborto no es una decisión fácil para ninguna mujer. La mujer no aborta por placer Un embarazo no deseado es un problema al que la mujer suele enfrentarse casi siempre en solitario. Es una hipocresía cuando nos enfrentamos al aborto considerar que si una mujer tiene dinero puede abortar en una clínica con todos los cuidados, si no es en su país en otro. Sin embargo, una mujer pobre sufrirá un aborto inseguro, realizado en condiciones sanitarias inadecuadas. Por tanto, será ella la que pone su vida y su salud en peligro.
El aborto puede ser analizado como un problema ético, jurídico-legal, histórico, de salud pública, de derechos humanos, político, biomédico, psicológico. Estos puntos de vista pueden enriquecerse a la luz de las aportaciones de los estudios de género.
Podemos considerar los motivos que llevan a las mujeres a la interrupción del embarazo:
  • Violaciones
  • Embarazo adolescente
  • Motivos de salud de la madre
  • Malformaciones del feto
Pero también:
  • No desear tener un hijo en ese momento porque su proyecto de vida va en otra dirección
  • No sentirse preparadas emocional y materialmente para asumir la maternidad y la responsabilidad que ésta implica
  • Falta de recursos económicos.
  • No tener una pareja estable
El embarazo no deseado o inoportuno puede presentársele a la mujer de cualquier condición y edad. Es una situación crítica que obliga a tomar una decisión. Es un hecho inesperado y no buscado. La mujer no puede dar sentido a este embarazo, un embarazo no deseado, que irrumpe en su vida alterándola.
La mujer debe tener derecho a decidir sobre continuar o no un embarazo. La decisión última es de la mujer y ésta debería tener la información necesaria para poder actuar de forma que mejor se adapte a sus circunstancias.
Sentimientos de culpa o de alivio
Suele decirse que el aborto produce un daño psicológico en la mujer y sentimiento de culpa. Hay estudios que prueban que el daño psicológico producido por el aborto es escaso cuando la mujer puede hacer su elección  de un modo informado basado en sus creencias y valores. Por el contrario, mujeres que viven en países donde las leyes respecto al aborto son muy restrictivas y en sociedades donde pueden estar expuestas a una gran presión social o religiosa, si, además, se suman condiciones traumáticas como la clandestinidad o la inseguridad, pueden sufrir mayores consecuencias adversas.
Un estudio efectuado en Suecia en 1957 con más de 400 mujeres que habían abortado, demostró que lo que sentían estas mujeres era un sentimiento de alivio. Cohen (2.006) señala que el momento de mayor angustia psicológica para la mujer es el periodo anterior al aborto; una vez realizado, el sentimiento predominante es de alivio, ya que la mujer puede volver a tomar el control de su vida.
Con la ley que pretende aprobar actualmente el partido en el gobierno, las mujeres vuelven a sentirse desprotegidas, no solo por la cantidad de informes que éstas deben presentar para optar a un aborto, lo que llevará a grandes retrasos y ansiedades, sino incluso porque un hecho tan grave como las malformaciones de los bebés no será tenido en cuenta como causa para abortar.
Esta ley vuelve a legitimar la hipocresía social, ya que los abortos se hacen y se seguirán haciendo. Desconoce, una vez más, la libertad de decidir de las mujeres sobre su cuerpo, su vida y su futuro. Expone a las mujeres a situaciones de riesgo de salud y vida, así como de riesgo emocional. Favorece el lucro pero no evita que las mujeres aborten.
Ha suscitado polémica la propuesta de ley del anterior gobierno por la que que las jóvenes de 16 a 18 años podrían abortar sin contar con sus padres. A este respecto puede señalarse que, un estudio realizado en el año 2.007 por la Cátedra libre en salud reproductiva, sexualidad y género de la Universidad de Uruguay, ha constatado que las mujeres buscan siempre el respaldo en las personas que las pueden apoyar: madre, hermana, tía, amigas…especialmente la madre. Y que cuando las adolescentes no recurren al apoyo familiar es porque temen no tenerlo o temen a su reacción.
La censura al aborto no es únicamente moral y religiosa sino un rechazo patriarcal a la decisión de la mujer. El mandato bíblico de “creced y multiplicaos” era tal vez adecuado en aquella época en la que había que poblar la tierra ¿Pero qué se busca actualmente, cuando la tierra está superpoblada? ¿Hambrunas, mano de obra barata, trata de personas, guerras…?
Dejémonos de prejuicios y abordemos íntegramente la problemática del aborto: desarrollo de medidas educativas respectos a la sexualidad y reproducción, así como prevención para evitar embarazos no deseados.
Además, una ley justa nunca obligará a abortar a aquellas mujeres que no lo deseen. ¿Es mucho pedir que suceda también a la inversa?
El derecho a la vida
La manipulación del lenguaje es una estrategia decisiva para configurar las mentalidades a la ideología determinante, haciendo pasar por realidades establecidas la información que oculta el mensaje que, por su reiteración, actúa con mayor eficacia.
Un caso paradigmático de esta manipulación, y hoy de plena actualidad, es el caso del aborto que se presenta como “derecho a la vida”. ¿Habría alguien que se opusiera al “derecho a la vida” la vida”? Evidentemente no, si bien en este derecho hay que englobar todos los derechos y todas las vidas, los derechos de todas las mujeres y de todos los no nacidos a una vida digna, garantizada por los poderes públicos, sin dejar a los nacidos “desfavorecidos” al albur de la caridad pública o religiosa, destinados a la condición de ciudadanos de segunda clase, dependientes y agradecidos a los “buenos” de la clase dominante.
El derecho a la vida incluye el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, derecho a la independencia y a la dignidad. El derecho a la vida es para las mujeres el derecho a una maternidad consentida y deseada, nunca impuesta,  que garantice plenamente el derecho a la vida, a la suya y a la del hijo que va a nacer sin que nadie haya contado con él para saber si desea vivir en una sociedad con “derecho a la vida” o con ausencia del derecho a la vida y quedar excluido de un proyecto de futuro. Aunque el derecho al aborto parece incumbir solamente a las mujeres, en realidad es un derecho doble, el de las mujeres que, por diferentes razones, no quieren o no pueden asumir su maternidad y el del no nacido, el cual además de sus derechos vitales tiene necesidad del derecho a un entorno de afectividad, que garantice a la madre y al hijo la condición de ciudadanos de pleno derecho.
Tras el “derecho a la vida” que enarbola la ideología de la clase dominante se oculta una doble falacia: el mantenimiento de una sociedad de clases, la del privilegiado y la del desposeído, y la división ideológica de los bienpensantes que defienden la vida y la de los amantes de la libertad, a los que se acusa implícitamente de indiferentes a la vida cuando no de asesinos. De acuerdo a la puesta en práctica de esta ideología clasista, es en los espacios  más conservadores y de mayor influencia religiosa donde se adoptan las medidas más agresivas contra los derechos de las mujeres.
Así, por el derecho al aborto se convierte a las mujeres en el 2º sexo, privándolas de su autonomía individual y social. Su libre decisión queda mediatizada por la manipulación de lenguaje, condicionada por voluntad patriarcal que socialmente la condena como parricida y, religiosamente, interioriza y culpabiliza su libre decisión como pecado indeleble.
  1. Dr. René Spitz ” El primer año de vida del niño”, Fondo de Cultura Económica, México, 1.986

martes, 21 de enero de 2014

LAS DESLEALTADES DE ARTUR MAS EN LA CONSULTA SOBERANISTA DE CATALUNYA,

La aspiración soberanista de parte de Catalunya es legítima, pero opino que la actitud de su president Artur Mas es desleal y contradictoria.
Es legítimo el derecho de un colectivo a expresar su opinión, sus deseos y su voluntad. Incluso a decidir sobre ello por los cauces democráticos establecidos. En este caso, además de legítimo, sería legal.
Pero el president Mas, que dice defender este derecho, en realidad lo perjudica. Lo perjudica porque hace trampa.
Primero, porque mientras por un lado defiende este derecho de los ciudadanos a ser consultados, por otro lado ya se pronuncia y hace campaña para la independencia. Juega con doble baraja.
Juega con la baraja de defender un derecho en abstracto, para intentar recoger así adhesiones, pues a nadie gusta renunciar a un derecho (el que sea), y la baraja de pronunciarse ya por la independencia, que en si misma es una opción legítima, pero que puede no ser compartida por todos, y la forma de conseguirla puede no ser legal e incluso ser perjudicial para la convivencia.
¿Se defiende el derecho a ser consultado y a decidir entre varias opciones, posición ampliamente mayoritaria, o a proclamar la independencia como sea, “sí o si”, ya mucho más minoritaria?
Segundo. Hace trampa, también, con su deslealtad  Artur Mas es desleal al cargo que ostenta y lo es a sí mismo.
La Generalitat es parte del Estado y su presidente el representante ordinario del Estado en Catalunya. Propugnar la secesión de una parte del Estado desde dentro del propio Estado y valiéndose de sus instrumentos, es una clara deslealtad institucional.
Y proponerse incumplir o tergiversar el sentido de la Constitución, masivamente votada por los catalanes y prometida o jurada por el propio Artur Mas al tomar posesión de la presidencia de la Generalitat, es otra deslealtad a la ciudadanía que la refrendó y a sí mismo como persona y como president. Para poder hacer esto legítima y honestamente, debería dimitir antes del alto cargo que ostenta y defender sus nuevas pretensiones como un ciudadano y un político de base. No investido de la púrpura de la presidencia ni con el dinero de todos los contribuyentes.
Este es el marco de la legitimidad, de la legalidad, de la coherencia y de la honestidad en el que cabe moverse en la vida política institucional. Fuera de este marco, el campo es mucho más amplio, pero antes hay que renunciar a las prebendas y esperar que la ciudadana, democráticamente, te las vuelva a otorgar.
Jugar con doble baraja, con trampa, es desprestigiarse y desprestigiar la legítima causa por la que se lucha. Artur Mas -con perdón- se desacredita y perjudica a Catalunya.

domingo, 19 de enero de 2014

PERIODISMO GANSTERIL

Francisco Marhuenda, periodista de cabecera del PP
Tras una sesuda reunión de “Luisma y Barajas” (Floriano y González Pons), en la que se acuerda el mensaje del día, salen en tropel los estómagos agradecidos, con Marhuenda a la cabeza, para repetir el mantra que nos hará un poco más tontos, o eso creen: los vecinos de Gamonal son radicales y violentos, ora pronovis…, los programas electorales están para cumplirlos…, menos el programa electoral del PP, ora pronovis…. Contra esto es difícil luchar, máxime cuando el mensaje de la izquierda está representado por los perejiles de todas las salsas, Carmona e Iglesias, (algo tendrá la perrita cuando tanto le gusta a la derechita), mientras voces como las de Tania Sánchez son silenciadas por espetar a la cara de Marhuenda como se financia y a quien sirve La Razón. Resulta curioso que cuando IU está en buen momento electoral apenas se la invite y se prime la presencia de supuestas voces críticas. Algunos deberían replantearse la conveniencia de acudir a ciertos medios que tienen por norma vetar la opción política donde militan. También me consuela mucho verme representado por “Loquillo”… en fin, pelillos a la mar.
Don Vito Corleone te dejaba una cabeza de caballo como advertencia. Era un gánster con clase. Los jefecillos de barrio te freían a tiros directamente si te consideraban un obstáculo para sus planes de expansión. ¡Qué gran película y cuanto le deben los grandes medios de comunicación españoles! Como Don Vito actúan a diario los dos grandes grupos mediáticos, atresmedia y mediaset. Utilizan sus portadas y editoriales como cabezas de caballo para arrancar al gobierno suculentas campañas publicitarias, beneficios fiscales o toda suerte de leyes y decretos que facilite combatir, y eliminar, al periodista de raza y sustituirlo por un cachorro de las nuevas generaciones. Si el gobierno no te hace mucho caso amagas con apoyar al líder de la oposición y le das algo de “cuartelillo” hasta que te vuelvan a engordar la cuenta corriente. Así son los liberales, ardientes defensores de lo privado que no saben vivir sin chupar de la teta pública.
Algo más chusco en las formas es Pedro J, el pobre no tiene un grupo mediático detrás, o lo tiene en Italia, porque tuvo que alquilar la TDT que le regaló Zapatero para vender calcetines antibarices y cremas adelgazantes. Pedro J no suele disimular los afectos y cuando pone el foco en tu nuca ya te puedes dar por muerto, porque él no hace prisioneros. Ahí están los González para confirmar lo que digo. También es verdad que no se vende caro, participar en el reparto de dineros públicos y pasearse por los platós públicos es su precio.
Un escalón por debajo estarían “capos regionales” como Méndez Pozo. Aquellos que tras triunfar en otras actividades económicas y tener algún tropiezo con la justicia, condena por corrupción incluida, aprendieron que siempre viene bien tener de tu lado a la prensa y se pusieron manos a la obra para evitarse la pena de telediarios. Méndez Pozo invirtió los pingues beneficios obtenidos burbujeando con el ladrillo en un imperio mediático que trasciende los límites de Castilla León. Allí controla casi la totalidad de las cabeceras provinciales y gestiona por unos milloncejos de euros la pseudo televisión autonómica. En Castilla La Mancha, de la mano del inefable Bono, quiso construir otro imperio con cinco cabeceras provinciales y una televisión. De aquel imperio apenas queda un libelo al servicio de Cospedal, otrora su enemiga (cuando el gobierno de Barreda y CCM le daban todo tipo de facilidades para diversificar el área de negocios, pufo en el aeropuerto incluido), y que intenta salvar con el “converso” Antonio Perez Henares, alias Chani, haciendo méritos por si el monaguillo se quema más de lo soportable y Cospedal necesita un director para la cutre RTVCM. Michel Méndez Pozo, un hombre de probada honradez según la autorizada opinión de Marhuenda, no sabe estarse quieto y está detrás del proyecto de bulevar que ha levantado las iras de los vecinos de Gamonal.
En Castilla La Mancha tampoco nos libramos de ese corte de empresarios en el control de los medios de comunicación. Fuere por invertir el beneficio, apoyar electoralmente al amigo o para relanzar una carrera artística inexistente, lo cierto es que la región se nos pobló de televisiones nacidas al albur del ladrillo y de la laxa legislación. Lógicamente ya no queda nada o casi nada de aquellos tiempos, incluso las cabeceras de toda la vida se han tenido que reconvertir en digitales para evitar la desaparición. Cuando el dinero público vía gobierno regional, diputaciones provinciales y ayuntamientos llenaba los bolsillos de los propietarios de cabeceras a cambio del silencio cómplice, cuando no del panegírico hortera, todo eran días de vino y rosas. Cuando la teta publica se seca, era inviable aguantar tanto chupón haciendo la pelota a cambio de escribir al dictado, y hay que buscarse la vida en los mercados (esos que tanto defienden) se da carpetazo al medio, se pone de patitas en la calle a centenares de periodistas y a otra cosa mariposa. Ahora Castilla La Mancha es un desierto informativo.
Algunos, los menos, aguantan con la esperanza de que el sol brille solo para ellos y porque su objetivo ha sido siempre el de “sentirse artista al precio que sea”. Tampoco está demás que nos devuelvan en forma de sacrificios los casi 500.000€ anuales que se han llevado durante años por bailarle el agua al gobierno regional, a la diputación provincial y al alcalde de turno. Por cierto, mientras pasara por caja daba igual que fuera del PP o del PSOE. Para otra ocasión dejaremos el asunto de las TDT, las nacionales y las locales, el mayor fiasco que este país ha conocido. Basta adelantar que la ilegalidad y el incumplimiento de los pliegos predominan en unas y en otras. ¿Acaso es soportable jurídica y socialmente que se emita sin licencia, se alquile una licencia para teletiendas o no se cumpla ni una sola de las obligaciones contraídas en los pliegos? Y mientras, el espacio radioeléctrico español está saturado por anuncios de potingues y contactos.

Plumaroja

EL GOBIERNO BOLIVARIANO GANA PACÍFICAMENTE

Movilización de apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente “Hacer bien a villanos es echar agua al mar”. Don Quijote de La Mancha, 2ª ...