viernes, 23 de octubre de 2015

Más de 5 millones de ciudadanos, preparados para realizar auditorías municipales

’El valor es buscar la verdad y decirla’ (Jean Jaurès, 1859-1914)

10_01_AuditoriaEn el Estado español, desde el nacimiento de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), existe una experiencia para poner fin a la hemorragia de capitales que constituye el pago de una deuda que no nos benefició y que, si analizamos bien, ya hemos pagado varias veces. Esa plataforma ha jugado un papel central a medida que el tema de la deuda se ha ido colocando en el foco de la actualidad. Así, la necesidad de auditar la deuda y no pagar la parte declarada ilegítima se encuentra ya en numerosos manifiestos y programas políticos, es ahora una reivindicación ampliamente reconocida como imprescindible y sumamente importante. Es una de las preocupaciones de Podemos aunque este partido haya suavizado su discurso al respecto. Figura también en programas de partidos políticos como CUP, Izquierda Unida o Compromís. Pero conviene no olvidar que esa reivindicación ha sido protagonizada desde sus orígenes por movimientos sociales en distintos países del Sur de otros continentes desde la crisis de la deuda de los 80’. Siguiendo las luchas sociales, el movimiento del 15M popularizó en multitudes de asambleas el no pago de deudas ilegítimas; Strike Debt hizo suyo el eslogan ’Don’t owe, won’t pay’ en EE.UU, mientras el movimiento social griego clamaba: “no debemos, no pagamos, no vendemos nada”. El lema del impago ha sido central durante las Marchas de la Dignidad. En muchos manifiestos, como el de Procés Constituent, la “auditoría de la deuda y el impago de la deuda ilegítima” figuran también como reivindicación número uno. A nivel europeo, en abril de 2012, se constituyó la red ICAN (International Citizen debt Audit Network), que bajo el lema “No Debemos. No Pagamos”, aglutina a movimientos y redes en doce países europeos (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Polonia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Eslovenia, Escocia y Chipre) para luchar contra las medidas de austeridad a través de la realización de Auditorías Ciudadanas de la Deuda. Así pues, el lema ¡No debemos, no pagamos! de la PACD forma parte de un largo recorrido de lucha social contra la deudocracia.

Mociones presentadas en los Ayuntamientos, un antecedente que marca la voluntad ciudadana de auditar las cuentas
La asociación vecinal de afectados por la deuda municipal de Moià ha sido pionera en el ámbito de la lucha contra la deuda a nivel municipal. Inició su actividad en el 2012 para llevar a los juzgados de Manresa información relativa a varios expedientes de obras y de una empresa pública, los cuales, aparte de estar estrechamente ligados con una parte importante de la deuda, podían haberse hecho de forma irregular y con intereses particulares. Esa experiencia anterior a la PACD – en la cual se integró durante el 2013 – nos enseña el potencial de empoderamiento que tienen los municipios para que los habitantes sepan cómo los poderes públicos gestionan sus impuestos y cómo los reparten en el presupuesto. Al final, se trata de saber si la deuda generada, entre otras causas por incumplimiento de recaudación suficiente, se justifica por haber beneficiado a la ciudadanía. A nivel local mucha gente sabe lo que se desvió en despilfarro o corrupción, y hasta conoce los nombres de los responsables, y por eso tiene sentido iniciar la auditoría a nivel municipal.
La PACD del País Valencià (PACD-PV) se planteó en noviembre de 2012 iniciar una campaña que permitiera visualizar el rechazo a las políticas dictadas por el gobierno central y el ahogamiento que padecen las Administraciones Locales. La idea surgió a partir de la aprobación el 27 de noviembre de 2012 de una moción municipal en El Pinós (Vinalopó Mitjà) contra la privatización de la sanidad, exigiendo la derogación de los RD 15/97 y 16/2012, la solicitud de la auditoría ciudadana del gasto sanitario en las cuentas de la Conselleria de Sanitat y la apertura de los libros de cuentas. [1]
En todo el Estado, la PACD ayudó a presentar mociones en distintos ayuntamientos para el no pago de deudas ilegítimas y la implementación de auditorías ciudadanas. La PACD del País Valencià elaboró mociones municipales por la paralización del pago y auditoría ciudadana de la deuda de las administraciones, contra el pago de la parte ilegítima de la misma, por unos impuestos justos y por la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Esta moción fue presentada el mes de marzo de 2013 en Alicante, [2] Alcoi y Muro. Fue aprobada en estos 2 últimos, y allí votaron a favor grupos municipales de Compromís, PSOE, PP y EU. No suele ocurrir que PP y PSOE aprueben mociones apoyando la auditoría a nivel local. Aunque ocasionalmente lo hagan, eso no quiere decir necesariamente que las apliquen correctamente y vayan a ir hasta el final, ni que luego las vayan a aplicar a nivel estatal.
En junio de 2013, se debatió y votó en el pleno del Ayuntamiento de Valencia la moción elaborada e impulsada por la PACD en la cual se exigía la moratoria del pago de la deuda pública y la realización de una auditoría ciudadana de la misma. En este caso, la moción fue rechazada con el voto en contra del PP, la abstención del PSOE y contó con el voto favorable de Esquerra Unida, quien presentaba la moción, y Compromís. También se realizaron procesos similares en Petrer, Dénia, Picassent, Alcúdia, Sagunt, Godella i Foios, Aspe, Sant Vicent del Raspeig y Santa Pola…
En Catalunya, Cerdanyola del Vallès y Molins de Rei han aprobado mociones que declaran ilegítima parte de su deuda y denuncian que los bancos han cobrado intereses superiores al 5% a los ayuntamientos mientras se financiaban a menos del 1%. Los textos se refieren a los préstamos otorgados a los ayuntamientos en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. [3]
En 2013, Badalona fue uno de los primeros municipios del Estado que declaró mediante una moción parte de la deuda ilegítima, concretamente aquella parte que procede del mecanismo de pago a proveedores basado en los créditos ICO, ya que el Ayuntamiento paga unos intereses del 5,5% a los bancos que se financian a un interés inferior al 1%. Aprovechamos para recordar que este mecanismo sigue igual a nivel estatal: “El Banco Central Europeo tiene prohibido prestar a los Estados, por lo que le presta dinero a los bancos con un tipo de interés del 0,25%. Los bancos a su vez se lo prestan al Estado con un tipo del 6%. La deuda generada por esa diferencia entre el 0,25% y el 6% es ilegítima”, explica muy bien Yago Álvarez en un artículo publicado por Diagonal. [4]
Siguiendo los pasos de Badalona, en noviembre de 2013, Sabadell también declaró ilegítima esa parte de la deuda. En Granada, en diciembre de 2014, los concejales del grupo municipal de IU presentaron una moción para auditar lo que calificaron como “deuda ilegítima” del Ayuntamiento de Granada, calculando en casi 10 millones de euros lo que se ha pagado en “intereses abusivos” de los bancos. [5] Por el momento decenas de municipios han presentado mociones similares en Catalunya, País Valencià y Andalucía.

Los Observatorios Ciudadanos Municipales, un ejemplo a generalizar
Un Observatorio Ciudadano Municipal (OCM) es un espacio ciudadano (con movimientos sociales, asociaciones de vecinos y ONG’s pero sin ningún partido político) para fiscalizar los ayuntamientos de manera colectiva, abierta y permanente. Son espacios para promover procesos de auditoría ciudadana municipal integrales que permiten potenciar la presión a las Administraciones Públicas para que sean realmente transparentes. Pero, más allá de eso, animan a la participación ciudadana colectiva generando toma de consciencia al respecto de los bienes comunes.
Aparte de los de Catalunya y País Valencià donde arrancaron los OCM, el observatorio de Málaga funciona desde julio de 2014 y es pionero en Andalucía.
En el verano de 2015, contamos ya 32 OCM en el todo Estado español, lo que supone más de 5 millones de habitantes preparados para realizar auditorías ciudadanas municipales. Ya se han conseguido mejoras en el nivel de transparencia ofrecida por los ayuntamientos y la anulación de dos contratos improcedentes de recogida de basuras (Alcantarilla y Torre Pacheco). [6]
En octubre de 2015, la Associació Josep Vidal Llecha otorgó el Premio “Memorial por la Pau 2015”, que incluye 8.000 euros, a la red de Observatorios Ciudadanos Municipales, «Una iniciativa de la sociedad civil para promover la apertura de los ayuntamientos a la participación ciudadana». Han recibido este mismo premio personas muy reconocidas en el campo del activismo por la paz, el desarme, la ecología y todo tipo de iniciativas que defienden los derechos de las personas y de los pueblos como Arcadi Oliveres, Vicenç Ferrer, Vicenç Fisas, Aminatou Haidar o Itziar González, y también movimientos sociales como: Poble de Lakabe, Ruta Pacífica de las Mujeres- Colombia, Xarxa pel decreixement o el Semanario Directa.

Fátima Martín y Jérôme Duval ||

Plataforma de la auditoría Ciudadana de la Deuda  ||

Notas
  1. Esa moción fue presentada por iniciativa de un miembro de la Asociación ciudadana para la promoción y defensa de la salud del País Valenciano (ACDESA) y la PACD PV). http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article3821,http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article3691 Ver el documento: El Pinós: Moció en defensa de la sanitat pública, 21/12/2012 : http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article3455
  2. Ver: http://auditoriaciudadana.net/2013/04/09/presentacion-de-la-mocion-por-la-auditoria-ciudadana-de-la-deuda-en-el-ayuntamiento-de-alicante/
  3. Benoît Cros, 30/07/2013, La rebelión de los municipios contra la deuda ‘ilegítima’ se extiende, eldiario.es.http://www.eldiario.es/catalunya/rebelion-municipal-deuda-ilegitima-extiende_0_159234083.html
  4. Martín Cuneo, Al principio fue la deuda. De la calle a los nuevos gobiernos municipales, 18/07/15.https://www.diagonalperiodico.net/panorama/27280-al-principio-fue-la-deuda.html
  5. http://granadaimedia.com/piden-auditar-la-deuda-del-ayuntamiento/ Ver la moción: http://granadaimedia.com/wp-content/uploads/2014/12/Moci%C3%B3n-Deuda.pdf
  6. Fuente: ¿Sabías que… ya hay en el Estado español 32 Observatorios Ciudadanos Municipales?, Sabías que Nº 25, PACD 2015,http://auditoriaciudadana.net/2015/07/22/sabias-que-ya-hay-en-el-estado-espanol-32-observatorios-ciudadanos-municipales/ Un ejemplo de OCM, el de Moià: http://moiadeute.org/ocm/

miércoles, 14 de octubre de 2015

Remunicipalización de los servicios públicos

El neoliberalismo pretende privatizar todo lo que dé beneficios y frente a ello se han levantado fuertes resistencias populares. Constatado el expolio, está surgiendo en muchos países un impulso a favor de la recuperación de servicios públicos privatizados. Los servicios públicos son las actividades y prestaciones que satisfacen las necesidades colectivas. Sus beneficios son sociales, no necesariamente económicos, y deben contribuir a aumentar el bienestar y la cohesión social. La última versión de la socialdemocracia los reduce prácticamente a sanidad, educación y poco más. Pero estamos hablando de otros servicios tan esenciales para la comunidad como la dependencia, el agua, la energía, las telecomunicaciones, el transporte público, la limpieza pública, la universidad, la vivienda, los servicios municipales, etc. Si vemos la magnífica película de Ken Loach El espíritu del 45  recordaremos cómo el  gobierno laborista de Attlee en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, socializa estos sectores y otros industriales de carácter estratégico, intentando dar respuesta a una situación social muy parecida a la actual. A este proceso contribuye no solo la política de la izquierda tras la traumática guerra, sino también la existencia de otro modelo de referencia -el soviético-, que obligó a los países occidentales a desarrollar un Estado del Bienestar.

05_01_remunicipalizacion
La doctrina neoliberal se acabará imponiendo desde finales de los años setenta con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Desde entonces se ha venido utilizando la privatización como el principal instrumento de acumulación por desposesión, como dice David Harvey. Liberalización del mercado y privatización al sacar los bienes públicos a la venta para que el capital sobreacumulado pueda invertir en ellos. La esencia de la privatización consiste en la transferencia a empresas privadas de activos públicos que el Estado y las administraciones públicas poseen en nombre del pueblo al que representan. Si los representantes políticos enajenan estos recursos para venderlos a empresas privadas están pervirtiendo la democracia y robando lo que es de todos. Este proceso ha sido mundialmente seguido, aprovechando las crisis económicas, como coartada para el saqueo. Actualmente en las negociaciones sobre el TTIP se prepara una nueva oleada privatizadora de los servicios públicos europeos más golosos.
En España la política del PP y del PSOE hacia los servicios públicos sido básicamente la misma. La iniciaron los gobiernos de Felipe González con su programa de privatizaciones en los años ochenta. Aznar y Rajoy avanzaron en la misma dirección, pero más rápidamente. Los objetivos no eran otros que regalar al mercado –y muchas veces a los empresarios amigos- nuevas oportunidades de negocio redondo y reducir los déficits públicos al hacer caja a corto plazo, aunque se perdieran ingresos a largo plazo. Este ‘capitalismo de amiguetes’ es caldo de cultivo de todo tipo de corrupciones y tiene luego su expresión en las llamadas ‘puertas giratorias’, que no son otra cosa que el pago a los políticos cómplices de los servicios prestados, pasados y venideros, por el tráfico de influencias. La onda de la vergüenza de estas prácticas políticamente corruptas ha alcanzado desde a expresidentes de gobierno como Felipe González o José María Aznar y a muchos ministros y altos cargos de los dos partidos.
El procedimiento para las privatizaciones es muy parecido y comienza con el deterioro del servicio para justificar la medida. Las consecuencias de la privatización son claras: empeora la calidad del servicio –incluso la seguridad-, aumentan los precios y tarifas, reducen el empleo, su calidad y los salarios, empeoran las condiciones de trabajo y desaparece toda participación. Aunque se quieran vestir con el disfraz neoliberal de que lo privado es bueno y lo público malo, las privatizaciones son lo más parecido a un timo a la ciudadanía y al interés general.
Una política de justicia social y una economía del bien común pasarían por apostar por un Estado de Bienestar sólido y unos amplios servicios públicos. Tener una sociedad suficientemente democrática exige desarrollar la participación ciudadana. Precisamente de esto han tratado las Jornadas por la Remunicipalización de los Servicios Públicos que se acaban de celebrar de Madrid. En los últimos años este movimiento ha conseguido que, solo en lo que se refiere al agua, vuelva a ser pública en 235 ciudades del mundo.
05_02_remunicipalizacionAlgunas conclusiones son importantes, como la necesidad de crear conciencia de lo público como patrimonio común.
En coherencia con ello, la organización de la resistencia a los procesos de enajenación, con una amplia política de alianzas que genere complicidades y que coordine las luchas de los movimientos sociales, sindicatos, asociaciones vecinales y de consumidores. Han sido ejemplares las movilizaciones de la sanidad, la educación y los servicios municipales de Madrid, del Canal de Isabel II, de las plataformas ciudadanas de Barcelona, Zaragoza y otras ciudades.
Es fundamental plantear estrategias de reversión de las privatizaciones. Denunciando para ello los perjuicios, demostrando las ventajas públicas y generando cambios políticos que mejoren la relación de fuerzas para que sea posible. Las exposiciones de las experiencias de la remunicipalización del agua de París y Medina Sidonia, y de servicios públicos del ayuntamiento de León, demuestran que el recuperado servicio público es de mayor calidad, más barato, con mejores condiciones laborales y una gestión más democrática.
Ir más lejos en la democratización obliga a formular propuestas que la refuercen en el terreno de la participación en los mortecinos ámbitos existentes. También en la toma de decisiones a través de consultas ciudadanas, presupuestos participativos y el debate sobre las prioridades. Y con la creación de ámbitos de gestión colectiva de servicios públicos municipales por entidades locales, trabajadores y vecinos-usuarios. Remunicipalización y gestión democrática de los servicios públicos es el gran reto de los nuevos ayuntamientos progresistas y la oportunidad de demostrar que es posible otra política a favor de la mayoría social. Pero para atreverse a ello necesitarán contar con el punto de apoyo de la movilización social.

Agustín Moreno  ||

Profesor. Ex dirigente de Comisiones Obreras ||

lunes, 12 de octubre de 2015

NO HAY SITIO PARA TANTOS

 
Dirigentes de la izquierda y colectivos sociales
“La izquierda de este país no tiene remedio”, me decía un amigo esta semana. “Siempre desunida. Cuando más falta hace un Frente Popular como en el 34, cada uno por su lado. Me lo están poniendo difícil para votarlos”, culminaba su reflexión con un suspiro apesadumbrado. Y no sólo este amigo expresaba su desazón con el baile de formaciones de izquierda que quieren competir por algún escaño en el Congreso de los Diputados el próximo 20-D. En mi entorno personal y laboral se asiste ahora con asombro a la eclosión de diversas formaciones que quieren arrebatar al PSOE el voto de izquierda alternativa que ese partido ya no representa para cientos de miles de ciudadanos progresistas. La sorpresa surge cuando todas esas formaciones se plantean que, de no darse una candidatura conjunta de confluencia, se presentarán a las elecciones por separado. “¿Para conseguir qué?”, dice mi amigo, “¿un diputado, como mucho, o perder los votos obtenidos en los restos del recuento que no dan para conseguir un escaño?”.
    Además de Podemos, la izquierda alternativa cuenta ahora también con Izquierda Unida, Equo, Izquierda Abierta, Decide en Común, Somos Izquierda, Ahora en Común, Convocatoria Cívica, Unidad Popular en Común… a los que hay que añadir los partidos de izquierda que tienen implantación autonómica. Todo un guirigay, en expresión popular. Gaspar Llamazares, de Izquierda Abierta, ya ha advertido que su partido podrá integrarse en otra candidatura distinta a la que encabece o participe Izquierda Unida. En Equo sus militantes ya han decidido concurrir junto a Podemos. Militantes de este partido y de IU formaron recientemente Somos Izquierda, con la intención de conseguir esa ansiada confluencia entre ambas formaciones en alguna candidatura de unidad. Decide en Común también ha nacido recientemente, liderado o impulsado por exmilitantes del PSOE (Alberto Sotillos, Beatriz Talegón…) y activistas del 15-M (Fabio Gándara…). La plataforma Ahora en Común pretende liderar esa unidad de la izquierda pero, ahora, sus promotores se marchan, acusando a otros de instrumentalizar de forma partidista dicho espacio. Mi amigo dice: “El PSOE, el PP y Ciudadanos estarán disfrutando de lo lindo con este panorama que tenemos a la izquierda”.
    Para colmo de males, ya es oficial la ruptura de negociaciones entre Podemos y el candidato de IU a la Moncloa, Alberto Garzón. Por lo que ha trascendido, Podemos hacía una oferta personalista a Garzón, siempre que se desvinculara de cierta “mochila”, lo que se puede entender por soslayar a IU en una candidatura liderada por Podemos. Sin embargo, en otros territorios (Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana…) parece que sí habrá confluencia entre Podemos e IU para las elecciones generales. ¿Cuál es, entonces, el escollo para que no haya un acuerdo a nivel estatal: la presencia de las siglas de IU en las papeletas; el candidato número uno por Madrid que, por costumbre constitucional, es el candidato a la Presidencia del Gobierno; la “mochila” del PCE dentro de la coalición IU? ¿Cuál ha sido el obstáculo para esa confluencia estatal entre Podemos e IU? Esta última formación ya dijo que las siglas no serían un problema y, desde luego, yo no veo tan difícil que IU renuncie como tal a presentarse a las elecciones generales y, en su lugar, lo hagan candidatos independientes (mejor de renombre) dentro de las listas de Podemos, por lo menos en las provincias más pobladas, que son las más proporcionales para la asignación de escaños al Congreso. No creo que IU viera con malos ojos esta fórmula, seguir presentándose como IU a las elecciones municipales, autonómicas y europeas, pero diluirse en candidatos independientes para las elecciones generales, facilitando así la confluencia con Podemos o, llegado el caso, con otros partidos en una candidatura de unidad popular. Juantxo López de Uralde, de Equo, ya ha instado a Podemos y a IU a que retomen las conversaciones para forjar esa unidad que reclaman amplios sectores de la izquierda de este país.
    Por otro lado, Podemos insiste en que el debate no es tanto entre izquierda y derecha sino entre arriba y abajo, discurso que se entendía mejor hace un año que ahora, pues Podemos representó en sus inicios a los más afectados e indignados por la crisis económica, decepcionados por igual del PSOE y del PP. Ese discurso, que competía por hacerse un hueco entre ambos partidos o, incluso, superarlos, se ha visto ahora desbordado por la irrupción creciente de Ciudadanos que, tras las últimas contiendas electorales (Andalucía, Cataluña, municipales y autonómicas), ha arrebatado a Podemos la centralidad del tablero que esta formación quería representar. Se comprende el desconcierto que esto ha supuesto para el partido morado pues en la próxima campaña electoral habrá tres partidos (Ciudadanos, PSOE y PP)  disputando el voto de centro -con más o menos perfil conservador o progresista- que es el que da y quita gobiernos en España. ¿Hay sitio para un cuarto partido en la centralidad del tablero? Quizá la percepción de que no lo hay y de que se abre un claro espacio a la izquierda es lo que ha llevado a la organización de Bases Podemos, una fracción crítica del partido morado que reclama la vuelta a sus orígenes en la defensa de los de abajo y a la izquierda, y que harán su presentación pública el próximo viernes 16 en Madrid.
    Creo que Podemos tiene que replantearse su estrategia electoral y decidir por qué espacio ideológico compite, si por el centro o por la izquierda. Yo preferiría que fuera este último porque si opta por el centro tendrá que competir con Ciudadanos por la tercera posición en el ranking electoral nacional y tendría que fiarlo todo a las encuestas, ya que si éstas colocan de aquí a diciembre a Ciudadanos por delante de Podemos, el votante progresista, ese “socialista de corazón” al que apela siempre Pablo Iglesias, podría enfrentarse al siguiente dilema el 20-D: ¿Gobierno de Mariano Rajoy apoyado en Ciudadanos o Gobierno de Pedro Sánchez apoyado en Ciudadanos? Con Ciudadanos por delante de Podemos en las encuestas, ante esa tesitura, el “socialista de corazón” ¿a quién votaría, a Podemos o al PSOE? ¿Cuál sería el voto útil para un Gobierno de progreso? La contienda electoral va a estar tan reñida que un puñado de votos o de escaños a favor del PSOE o del PP van a legitimar a uno o a otro para formar Gobierno. Si las encuestas relegan a Podemos a la cuarta plaza, ¿no sería más lógico que el partido morado disputara entonces el voto de izquierda, aglutinado todo él en una sola candidatura de unidad popular? 

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FRANCÍ XAVIER MUÑOZ
Diplomado en Humanidades y en Gestión Empresarial

martes, 6 de octubre de 2015

COLOMBIA: A DOS PASOS DE ACABAR CON MEDIO SIGLO DE CONFLICTO ARMADO

Crónica Popular ||

El miércoles 23 de septiembre de 2015, gracias a la mediación cubana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Timoleón Jiménez alias Timochenko, llegaron en La Habana a un consenso acerca de la forma en que serán juzgados los combatientes; un escollo que llevaba tres años bloqueando las discusiones, y que muchos colombianos continúan considerando dudosa. Las partes se han comprometido a firmar en los próximos seis meses el texto del Acuerdo que incluye la amnistía para los delitos políticos (no incluye los cometidos por secuestradores, torturadores, violadores y narcoterroristas) y la creación de una jurisdicción especial, que impondrá “penas de cárcel limitadas”, entre cinco y ocho años para quienes reconozcan sus delitos y hasta veinte años para quienes se nieguen a confesarlos. Una vez firmado, las FARC deberán empezar a desmovilizarse y entregar las armas en el plazo de dos meses.
Podemos estar en la antesala del final de una guerra que ha durado sesenta años.
05_01_FARC

Para entender lo acordado en La Habana

Verdad Abierta (*)
Más que la foto del histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero ´Timochenko´, lo ocurrido este miércoles en Cuba es el paso más importante -hasta ahora- para llegar al fin del conflicto armado en Colombia. En otras palabras, no hay vuelta atrás en La Mesa de Negociaciones. Incluso, en el discurso del Presidente hubo fecha para la firma del Acuerdo Final: 23 de marzo de 2016.
Sin embargo, cada uno de los puntos expuestos en los discursos de ambas partes: la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la dejación de armas, las penas, la amnistía o la transformación de la Farc en un movimiento político legal; debe ser leído con cautela porque es justo eso lo que, al final, deberá ser refrendado o no por los colombianos.
¿Qué significa, entonces, lo acordado en La Habana? Sobre la base de lo que se dio a conocer este miércoles, VerdadAbierta.comexplica los cinco pilares de las declaraciones de ambas partes.

Restricción de libertad, pero no cárcel
Los guerrilleros que dejen las armas y reconozcan su responsabilidad en los delitos de la guerra no irán a la cárcel, en cambio, serán sancionados con 5 a 8 años de restricciones a su libertad, de acuerdo con la gravedad de los crímenes. Aunque aún no está claro en qué lugares se cumplirán estas sanciones, se acordó que tendrán un sistema de vigilancia “austero y flexible” que permitirá a los desmovilizados contribuir al desminado y la sustitución de cultivos ilícitos.
Sí irán a la cárcel quienes reconozcan tardíamente sus delitos, con penas que variarán también entre los 5 a 8 años. Y, los que definitivamente se nieguen a aceptar sus crímenes, pagarán condenas de hasta 20 años, en condiciones ordinarias de ejecución. Para determinar quién debe ir a la cárcel, las confesiones serán contrastadas con las investigaciones de la Fiscalía, que para ello designó a la Dirección de Análisis y Contexto, las sentencias proferidas y la información de organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Esta será una de las tareas de la Jurisdicción Especial para la Paz, una nueva figura judicial encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. En su mayoría, serán magistrados colombianos -y algunos de corte internacional-, los encargados de juzgar a quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado.

Amnistía e indulto
“La Jurisdicción Especial para la Paz es una nueva figura judicial encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”
Habrá amnistía para los delitos políticos y conexos, como la rebelión, el porte ilegal de armas y las conductas que no son prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. No sucederá lo mismo con los crímenes de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra. Se juzgará “la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual”, de acuerdo con el cuarto punto del comunicado conjunto.
En el nuevo acuerdo, se abre una puerta para indultar el tráfico de estupefacientes. Sólo se tendrá en cuenta el si tiene relación con el conflicto armado, no habrá narcotraficantes “colados” como sucedió en la desmovilización de los paramilitares y será el Congreso el encargado de definir qué conductas usadas para financiar la rebelión pueden considerarse como delitos conexos.
Serán juzgados agentes del Estado y terceros que hayan financiado o colaborado con grupos armados. “Nos complace poder anunciar que esta Jurisdicción Especial para la Paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto: combatientes y no combatientes y no sólo para una de las partes”, aclaró Timochenko en su discurso. En este caso, no habrá indultos y sus penas pueden tener un tratamiento diferenciado, pero “equitativo, equilibrado y simétrico”, según dijo el Presidente.
Estas reglas de juego no aplican para los guerrilleros del Eln, quienes siguen en una fase explotaría de conversaciones con el Gobierno. Los exparamilitares que forman parte del proceso de Justicia y Paz, como actores del conflicto, harán parte de este sistema, aunque no queda muy claro cómo será su participación. Lo cierto es que se prometieron respuestas a las víctimas del paramilitarismo y, al mismo tiempo, garantías a los exparamilitares de que tendrán un “verdadero cierre jurídico”.

Los tiempos de la paz
“Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las Farc y acordamos una fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto armado: será el 23 de marzo de 2016”, aseguró Juan Manuel Santos en su alocución. Agregó que luego de esta fecha, las Farc tienen un plazo de 60 días para dejar las armas.
En los seis meses que faltan para la firma del acuerdo, las partes deberán terminar de discutir el punto sobre las víctimas que, tras 15 meses de discusión, se ha convertido en el más largo en la mesa de negociaciones.
Además, tendrá que definirse el punto conocido como “el fin del conflicto”, en el que se pactará el cese bilateral y la dejación de armadas de las Farc. Este aspecto ya ha sido discutido por los asesores del Gobierno y de la guerrilla, pero aún no ha llegado a manos de los plenipotenciarios.
También será el momento de concretar el mecanismo de refrendación e implementación del Acuerdo Final. Será la primera vez que las partes discutan formalmente cómo le preguntarán a los colombianos si están de acuerdo o no con lo pactado en La Habana.

Participación política
“La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”
“La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”, señala el punto 10 del comunicado conjunto. No obstante, la consecución de la llamada “apertura democrática” no va a ser tarea fácil. Muestra de ello es el panorama político de las próximas elecciones regionales de octubre. A la fecha, según la Unidad Nacional de Protección (UNP), hay 29 candidatos de los partidos de oposición que están protegidos por haber recibido amenazas y atentados. El más reciente de ellos, el intento de homicidio contra el candidato a la alcaldía de Los Palmitos, Sucre, Hugo Sánchez.
Para la guerrilla esto ha sido muestra de que el paramilitarismo es un fenómeno que no ha desaparecido del país, por lo cual han insistido en repetidas ocasiones en su desmonte. Como lo dejan ver en su más reciente comunicado, fechado el 12 de noviembre, “la construcción de la paz solo será posible si el establecimiento desarrolla una estrategia efectiva dirigida al desmonte del paramilitarismo y aplica una política integral de respeto de los derechos humanos”.
Ante esto, Santos mencionó, durante la alocución, que al Gobierno le corresponde dar todas las garantías de seguridad a la guerrilla.

Lo que queda claro para las víctimas
“Se abre la posibilidad de sentar bases para la reparación y no repetición que satisfaga derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la ciudadanía”, aseguró Timochenko.
Sin embargo, para las víctimas -que son el centro de este acuerdo- no son muchas las novedades. Se dejó claro que los indultos no las afectarán porque la Jurisdicción Especial para la Paz investigará los delitos más graves. Y que en todo caso estas amnistías sólo se darán si los excombatientes contribuyen a la satisfacción de sus derechos.
Las organizaciones de víctimas tendrán la oportunidad de contrastar las versiones de los guerrilleros y en caso de que estén mintiendo, estos podrán serán enviados a prisión.
Verdad Abierta es una revista electrónica dedicada al análisis del paramilitarismo y la guerrilla en Colombia:http://www.verdadabierta.com/

EL GOBIERNO BOLIVARIANO GANA PACÍFICAMENTE

Movilización de apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente “Hacer bien a villanos es echar agua al mar”. Don Quijote de La Mancha, 2ª ...