POR QUÉ EL ‘TRAMABÚS-BONOBÚS’ DE PODEMOS ES OPORTUNO Y NECESARIO

La prensa castellanomanchega del régimen, o sea toda, anda revuelta porque Podemos ha decidido darse una vuelta por estas tierras con su TRAMABÚS el fin de semana del 20-21 de mayo. Y lo que más critican es que sea el expresidente Bono quien de nombre al autobús: el BONOBÚS.

Para Podemos, los casos del vertedero de neumáticos de Seseña y el aeropuerto central de Ciudad Real son motivos sobrados para la visita del BONOBÚS. Pero ahondando un poco en la hemeroteca descubrimos que la sombra de la sospecha planea sobre la cabeza de Bono con otros casos.

El sorprendente y rápido enriquecimiento de la familia Bono

El diario Público publicaba el pasado 2 de mayo de 2010 un excelente y aclarador artículo sobre el patrimonio de la familia Bono. Según la información Bono y su familia acumulaban entonces bienes inmuebles valorados por encima de los 6 millones de €. El artículo no entraba en polémicas sobre la valoración de lo descubierto entonces, ahora sospechamos que es mucho más, y no sólo lo calculaba a la baja sino que incluso aceptaba que la vivienda de la C/ San Justo de Madrid, cercana al Palacio Real, hubiera costado 450.000 € como declaró Bono, si bien advertía lo evidente: “salvo que el inmueble esté destrozado, es imposible comprar en esa zona a dicho precio”. Según el portal inmobiliario Idealista, el metro cuadrado en el centro de Madrid costaba entonces 4.090 €, lo que multiplicado por los 162 metros cuadrados de la vivienda arrojaría un precio mínimo de 662.580 €.

Pero la importancia de la información aparecida en Público no radicaba en este inmueble, que ya había sido desvelado por otros medios, sino en los datos sobre nuevos inmuebles descubiertos a Ana y Amelia, hijas mayores de Bono, y sobre la permuta con Reyal-Urbis que permitió a la mercantil Ahorros Familiares SAJA, administrada por Ana Rodríguez Mosquera, entonces esposa de Bono, hacerse con la propiedad de dos áticos de lujo en Estepona.

En 2005, Amelia Bono Rodríguez escrituró a su nombre una vivienda de 130 m² más azotea de uso propio de 34 m² y dos plazas de garaje en la lujosa urbanización Montepardo de Madrid. Cuando la hija de Bono registró esa propiedad tenía 24 años. Al año siguiente, su hermana Ana escrituró a su nombre otro piso en Madrid y en 2009 liquidó acciones de la mercantil SAJA y a cambio recibió una nueva vivienda, contigua a la anterior, más plaza de garaje, que la empresa SAJA valoró en 171.399 €. En definitiva, y según la información publicada, la acumulación patrimonial de los Bono se incrementó a partir del año 2000, disparándose a partir de 2004, año en que Bono abandona la presidencia de Castilla-La Mancha para ocupar el ministerio de Defensa.

Lo que más llamó la atención del reportaje de Público, que resulta difícil explicar ética y jurídicamente por la familia Bono y debió tener entonces consecuencias jurídicas, es el de la permuta de inmuebles realizada con Reyal-Urbis, propiedad del amigo de la familia, Rafael Santamaría. Público calificó la permuta de “sorprendente operación”. Y, ciertamente, la operación fue tan sorprendente como sospechosa: “La operación inmobiliaria más inusual realizada por los Bono se cerró en julio de 2006. Ese mes, la promotora Reyal-Urbis, de Rafael Santamaría, empresario muy ligado a Castilla-La Mancha y amigo personal de Bono, y la sociedad Ahorros Familiares SAJA acordaron una permuta inmobiliaria. De acuerdo con los datos de la escritura SAJA recibió dos áticos de lujo de nueva construcción en el municipio costero de Estepona (Málaga), cuya superficie techada suma 267 m² y que Reyal-Urbis valoró en 925.000 €. A cambio, la sociedad patrimonial de la familia Bono entregó a Reyal-Urbis un piso de 136 m² localizado en la madrileña colonia de Mirasierra y por el que el matrimonio Bono había pagado 35.000 € en 1982”.

El piso de Mirasierra, una zona de clase media alta en el norte de la capital madrileña, tiene plaza de garaje. Los áticos de Estepona, levantados en la urbanización Las Náyades, a 150 m de la playa, dan a sus propietarios el derecho al uso y disfrute exclusivo de los siguientes bienes y equipamientos: dos plazas de garaje de 26 y 28 m²; dos azoteas solárium de 32 y 146 m²; y otras tres terrazas e 20, 71 y 2,6 m². Entre los elementos comunes de la urbanización figuran piscinas, club social y gimnasio con sauna. A efectos de la permuta, y sin tener en cuenta el garaje, el piso de Mirasierra se valoró en 6.343 €/m². El precio medio del metro cuadrado en Mirasierra era, en el segundo trimestre de 2006, de 4.131 €/m² según la tasadora Tasamadrid.

La permuta estuvo rodeada de incógnitas pues las promotoras difícilmente acuden a esa fórmula, sobre todo en época de boom inmobiliario. Además, no estaba aquí en juego el cambio de unos terrenos por otros, sino el de dos áticos de nueva construcción por un piso de segunda mano con 25 años de antigüedad y situado en un bloque de viviendas que además tenía un contrato de arrendamiento. La permuta es inverosímil y sospechosa, no sólo porque en 2006 Estepona estuviera gobernada por Antonio Barrientos, amigo personal de Bono y detenido en la Operación Astapa, que sabemos daba un trato excepcional a la esposa de Bono cargando al Ayuntamiento o a Valle Romano, una de las sociedades del “malayo” Javier Arteche Tarascón, las clases de golf que esta recibía; sino porque el insólito intercambio (ruinoso para Reyal-Urbis si no había estipulaciones secretas) se hacía con una mercantil propiedad de la familia de José Bono, que no sólo fue presidente de la región en que la constructora de Santamaría tenía intereses multimillonarios, sino que entonces seguía presidiendo el PSCM-PSOE, es decir, que en modo alguno carecía de poder e influencia en el palacio de Fuensalida, sede del gobierno manchego.

Por aquellos tiempos supimos que los amigos constructores de Bono eran imputados día sí día también: Javier Arteche Tarascón, Luis Portillo y los hijos de Jesús Gil fueron imputados por una operación de compra de créditos del Ayuntamiento de Marbella en la que según la Agencia Tributaria se habrían blanqueado más de 6 millones de euros. Hay que recordar que en la maniobra de abordaje lanzada por Luis Portillo sobre Inmobiliaria Colonial, finalmente llevada a la quiebra por éste y sus hombres, tuvo un papel fundamental el constructor toledano Aurelio González Villarejo, también amigo personal de Bono, constructor de la urbanización El Vergel de Bargas, en la que el hijo jinete de Bono compró un chalet valorado en 300.000€.

Otro punto oscuro en la relación de Bono con Reyal-Urbis es el de los gastos por importe de 7.669€ ejecutados en su casa de Olías. Está probado que Santamaría corrió con los gastos de decoración de la habitación de la hija menor en la casa familiar de Olías del Rey (Toledo). Ante los hechos probados, el Supremo consideró que al ser la mujer del constructor “madrina de bautizo” de la niña, esta “relación de amistad” justificaría los pagos.

Lo presumible es que Santamaría, su mujer y sus hijos recibieron subvenciones del gobierno de Castilla La Mancha a través de las entidades Yalqui S.A y Vega del Záncara S.L., y que Bono autorizó o dio todos los parabienes para la recalificación de terrenos rústicos en urbanizables. Este es el caso de Valdeluz, la ciudad fantasma del AVE próxima a Guadalajara, donde Santamaría promovió 10.000 viviendas. Una gran operación que el Gobierno de Bono autorizó en 2001.

Según publicó El Confidencial, la relación de amistad entre Santamaría y Bono se tradujo en más regalos, como caballos de competición por valor de 200.000€ para su hípica toledana. Uno de los caballos fue adquirido en Francia con billetes de 500€ envueltos en papel de periódico, y facturado a nombre de Rafael Hoteles. ¿Y si la permuta y los regalos fueran una forma de devolver los favores?

Bono y el Pocero. Más que amigos

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, presidida por José Bono, facilitó a El Pocero los trámites del PAU de El Quiñón que dio como resultado la construcción de una macrociudad en Seseña. El ex alcalde que dio luz verde al PAU, el socialista José Luis Martín, fue denunciado por prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública por la Fiscalía Anticorrupción.

IU consideraba que en las irregularidades cometidas, el alcalde José Luis Martín y el Grupo Municipal del PSOE no estaban solos. El propio alcalde afirma (según consta en acta del pleno) que el mismo día 8 de mayo, día en que se celebró el pleno extraordinario que daba luz verde al PAU, a las 9 de la mañana se reunió en Toledo con Alejandro Gil Díaz, máximo responsable de la Consejería de Obras Públicas y con el Delegado de dicha Consejería en Toledo y le informaron que ‘se podía aprobar el PAU’. La tramitación del Plan de Acción Urbanística llevaba aparejada la recalificación de 1.833.147 metros cuadrados de suelo rústico para construir 13.508 viviendas en una localidad con problemas de abastecimiento de agua que no alcanzaba los 10.000 habitantes.

Ese mismo año y coincidiendo con la presentación del PAU, el alcalde “sin que conste el origen del dinero”, suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000€ y 1.800€, y adquirió un bien inmueble en la provincia de Málaga por 9.617€. Sus salarios, en las fechas comprendidas entre los años 2001 a 2005, ascendieron a 27.806€ brutos, a excepción del año 2003, cuando tras abandonar su cargo percibió 17.074€ brutos, de los que 12.667 procedían del Ayuntamiento. Durante los años 2004 y 2005, las rentas declaradas por el acusado son inferiores a las anteriores, a pesar de lo cual adquirió nuevos fondos de inversión por valor de 60.000€. En 2005 le constan desembolsos de cantidades por importe de 71.334,63€ no constando la razón de los mismos. El acusado justificó los incrementos patrimoniales en el cobro de un cupón de la ONCE de 144.000€, habiendo aportado fotocopia de cinco cupones de un sorteo del año 2000, afirmaciones que no resultan acreditadas según la Fiscalía.

La denuncia presentada por IU incluía una grabación mostrando que las máquinas de Onde 2000 SL, la empresa del Pocero, trabajan en Hípica Almenara, de la que era propietario José Bono. La grabación fue realizada en marzo de 2004 y “dejaba acreditada la relación entre Onde 2000 SL y el anterior presidente de Castilla-La Mancha”. El propio Bono declaró en entrevista publicada por El País haber invertido 600.000€ en las obras de Hípica Almenara, más 141.901€ en la adquisición de los terrenos. También hubo fundadas sospechas sobre los suculentos patrocinios publicitarios, especialmente el que correspondió a una conocida empresa Alcarreña. Bono hizo el milagro de los panes y los peces con unos ingresos declarados de 97.885€ anuales. Las imágenes de las máquinas de Onde 2000 trabajando en Hípica Almenara circulan por Internet.

Aeropuerto Central Ciudad Real y quiebra de CCM

Llamemos a las cosas por su nombre. El proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y el de su anexo inmobiliario “El Reino de Don Quijote”, ha despedido desde sus orígenes un tufillo irrespirable e inducido a fundadas sospechas.

El Gobierno de Barreda declaró el proyecto “de singular interés” y desde sus inicios invirtió en él importantes cantidades de fondos públicos, sin contar con la participación suicida de CCM, a las órdenes de Hernández Moltó.

La declaración de singular interés tuvo la virtud de facilitar y acelerar las expropiaciones de los terrenos, que se pagaron a 54 céntimos el secano y a 1’20€ el regadío; y de justificar las inversiones públicas en el negocio o, mejor dicho, en favor de sus principales beneficiarios: Domingo Díaz de Mera; los hermanos Barco Fernández, vinateros venidos a la crianza de hormigones; Antonio Miguel Méndez Pozo, un ex presidiario plenamente reinsertado en la sociedad, especialmente en la de Castilla-La Mancha; el ahora quebrado Ramón Sanahuja; y el inevitable Aurelio González Villarejo, que igual que construye casitas de poliespam -esto es real, no irónico- en Carranque, asfalta pistas de aterrizaje en las tierras de la Orden de Calatrava.

Todos ellos son hombres de manifiesta amistad con José Bono y José María Barreda –varios de ellos fueron agraciados con licencias de TDT y cuantiosas subvenciones en publicidad institucional- y fueron los principales beneficiarios porque la operación aeropuerto se diseñó de la siguiente manera: “CCM, por sí o a través de CCM Corporación, participó directamente en el proyecto con un 36,43% del capital pero, además, financió la inversión de sus otros socios en una cuantía que según el informe emitido por el Banco de España tras la intervención de la Caja, llegó a los 204 millones de € una vez descontadas las pérdidas por los deterioros de los activos. A cambio, Díaz de Mera y los demás garantizaron esos créditos con las acciones de la misma cosa financiada por la caja acreedora y no con activos tangibles o intangibles de su propiedad, es decir, recibieron billetes de banco de curso legal y a cambio entregaron unas estampitas rotuladas como ‘acciones al portador’ que bien podían haber sido impresas en la librería-papelería de la esquina”.

De paso, estos importantes empresarios, constructores áulicos de Castilla-La Mancha, ya que dominaban el consejo de administración de CR Aeropuertos y ya que eran expertos constructores, devinieron en contratistas y proveedores de sí mismos en el aeropuerto, de modo que la inversión cuyo dinero partió de las arcas de CCM fue dirigida, con un flujo constante de facturas, hacia las otras empresas de esos mismos consejeros, contratadas, por supuesto, al margen de cualesquiera garantías administrativas puesto que el aeropuerto de Ciudad Real era un negocio privado y al Derecho privado había que estarse. Tal fue el caso, como luego veremos, de la mercantil Montreal Proyectos Y Realizaciones SA, controlada por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO Aplicaciones.

No es posible concebir que Barreda y el resto de políticos de la región pudieran creer, por muy esponjados que estuvieran en Moët & Chandon ese día, que un aeropuerto en medio del páramo ciudadrealeño, donde ni las abubillas demuestran interés por aterrizar, fuera un negocio; y como no lo creían -posiblemente inspirándose en el gángster Bugsy Siegel, el hampón visionario que con el hotel Flamingo dio origen a lo que hoy son Las Vegas- unieron el destino del aeropuerto a un complejo de tugurios de lujo donde organizar timbas internacionales, de zonas residenciales, de parques de atracciones y del obsesivo y patético campo de golf, emblema del esnobismo de la década ominosa de la corrupción inmobiliaria española; cosa a la que llamaron ‘El Reino de Don Quijote’.

La idea debía funcionar porque el apoyo político de Barreda estaba garantizado y el financiero, a través de Hernández Moltó, también parecía inagotable, pero si Bugsy Siegel cayó asesinado por orden de Lucky Luciano, Caja Castilla-La Mancha fue llevada a la quiebra por Hernández Moltó y sus generosos préstamos, no sólo hacia los socios del aeropuerto o hacia los propios consejeros de la Caja, sino también, por ejemplo, hacia otro hampón más castizo, pero no menos ambicioso: Juan Antonio Roca Nicolás, titular junto con alguno más de sus socios malayos de créditos -que se sepa- por cuantía no inferior a los 200 millones de €.

Los intentos de Barreda por resucitar al difunto fueron tan desvergonzados como patéticos, incluida la modificación in privos lata de la LOTAU, hecha para que los amigos en apuros, en atención a la importancia de su proyecto para la región, pudieran fragmentar los suelos expropiados a 54 céntimos el metro cuadrado y venderlos a 600€; o también, el último intento de proveer a CR Aeropuertos con un aval de 140 millones de €, retirado del orden del día en el mismo Pleno de las Cortes Regionales del 27 de mayo de 2010, donde estaba prevista su aprobación. Aquella decisión de Barreda sorprendió a propios y ajenos, sobre todo a los ajenos al Auto que dictó el Juez Amalio de Juan Casero declarando el concurso necesario de acreedores de la mercantil CR Aeropuertos.

Sin embargo, la postura del presidente de Castilla-La Mancha no podía ser otra que la de la retirada del aval. Sospecho que el día del Pleno, Barreda tenía información del contenido del Auto judicial y haber comprometido 140 millones de € en favor de Díaz de Mera y sus socios horas antes de que el beneficiario de ese aval fuera declarado en quiebra -con el Estado y el sistema financiero español no menos quebrado y días después de que Rodríguez Zapatero hiciera saltar por los aires, con su decreto de medidas de reducción del déficit, el Preámbulo y medio Título Primero de la Constitución-, hubiera sido algo peligroso, incluso para unos maestros de la impostura política como Barreda y sus consejeros.

Pero, con la declaración de quiebra llegamos al punto más truculento de la turbia historia de un aeropuerto en el que sólo operó una línea aérea y porque fue motivada mediante cuantiosas subvenciones públicas. La primera demanda de concurso de acreedores fue presentada por José Angel González Tausz en nombre y representación de la mercantil Montreal Proyectos Y Realizaciones SA. Recordemos, como vimos antes, que esta empresa estaba controlada mayoritariamente por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO Aplicaciones -51% del capital social frente al 49% que tenía González Tausz- de forma y manera que, en realidad, el concurso lo reclamaba Díaz de Mera acreedor contra Díaz de Mera deudor, pero sólo aparentemente, porque para esas fechas CCM estaba intervenida y sumando a su participación en el capital los créditos incobrables comprometidos en el aeropuerto, el único propietario de ese fiasco era CCM y por extensión el Banco de España, es decir, los presupuestos del Estado, que se nutren con los impuestos de los ciudadanos que no podemos constituir SICAVs y pagamos religiosamente.

A fechas de presentación de la demanda de concurso, el aeropuerto adeudaba a Montreal unos 17 millones de €. Si el concurso prosperaba, Díaz de Mera cargaba, en su condición de socio del aeropuerto, no con pérdidas sino con lucro cesante, pero a cambio obligaba a CCM-Banco de España, propietaria de facto del aeropuerto, a seguir volcando billetes de curso legal en aquel pozo sin fondo. Había, además, otra ventaja. Ante la situación de emergencia, Barreda tenía la oportunidad, como habría sucedido si los acontecimientos no se hubieran precipitado, de justificar la entrega de otros 140 millones de € en forma de aval.

Cuando González Tausz presentó la demanda de concurso, los socios mayoritarios de Montreal reaccionaron airadamente y lo denunciaron por coacciones y por realización arbitraria del propio derecho. Pero tal denuncia no podía prosperar porque interponer una demanda no es coaccionar a nadie sino ejercer un derecho, y porque el tipo incluido en el artículo 455 del Código Penal, el de la realización arbitraria del propio derecho, exige que se actúe ‘fuera de las vías legales’ y demandar en los Tribunales no está fuera de las vías legales; y que, además, se emplee ‘violencia, intimidación o fuerza en las cosas’ y no me imagino a González Tausz intimidándose a sí mismo con un cuchillo cebollero para obligarse a ir al Juzgado.

Como Díaz de Mera, además de tener un hermano letrado de reconocido prestigio, se gasta sus buenos cuartos en picapleitos de trajes de alpaca y despachos en la milla de oro de Madrid, esto lo sabía y, por tanto, también sabía que estaba tirando con salvas.

Es cierto que RUTESO Aplicaciones, la sociedad de Díaz de Mera que controlaba Montreal, quitó la presidencia a González Tausz, socio minoritario, y lo sacó del consejo sin contemplaciones, pero no es menos cierto que, ya sin las ‘coacciones’ del destituido y, por tanto, completamente en manos de Díaz de Mera, Montreal no desistió de su demanda contra el aeropuerto.

Según el refranero manchego ‘el hombre propone y dios dispone’ y, en este caso, dios a través de una de las entidades financieras de su Iglesia, Cajasur, a la que el aeropuerto adeudaba unos 18 millones de €, dispuso por su cuenta y la Caja andaluza, también intervenida, se sumó a la demanda de concurso, liando aún más la madeja. Es lo que tienen los planes, aún los minuciosos, que siempre están sujetos a imponderables, en este caso al de Cajasur y al de la indecisión de Barreda que perdió un tiempo precioso en la tramitación de los 140 millones de € que pretendía poner a disposición de los socios del aeropuerto.

Por otro lado, para acabar de nublar el escenario, a pesar de que la letrada que representaba al aeropuerto, se dedicó el día de la vista a lanzar airados ataques contra Cajasur y Montreal, dicha defensa no se planteó nunca en términos económicos. La joven letrada, contratada por Díaz de Mera para actuar contra sí mismo, alegó el apoyo político brindado al aeropuerto pero, de forma absurda, según el Auto del Juez Amalio de Juan, pretendió hacer valer la solvencia de la empresa sin presentar prueba documental de la contabilidad oficial… “No aporta -dice el Juez- los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario viniendo además a admitir tácitamente que con anterioridad al inicio de su actividad en diciembre de 2008, sus resultados eran negativos con pérdidas que ascienden a la cifra de 2,7 millones en 2005, 9,2 en 2006 y 1,7 en 2007”.

Resumiendo: con dinero público hemos pagado un aeropuerto privado que, directa o indirectamente, se llevó por delante a CCM, una de las cajas de ahorros más solventes. Aquel aeropuerto rondó los 1.000 millones de inversión y fue adjudicado en subasta por 56 millones, que aún no han sido depositados en el juzgado que gestiona el concurso de acreedores.

En fin, que los reinados de Bono y Barreda, ambos con amistades de más que dudosa honorabilidad, han dejado cierto olor a podrido en Castilla-La Mancha. Pero, en lo que a esta región concierne, está visto que la Fiscalía Anticorrupción sigue fiel al principio de intervención mínima del Derecho penal, aunque se me antoja que lo suyo más parece fidelidad al principio de intervención nula.

Y ahora, díganme si tiene gracia el BONOBÚS y si su visita es más que necesaria.

Plumaroja